La reciente declaración oficial de Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior, asegurando que “Cuba no es una amenaza para Estados Unidos” y que incluso sigue “protegiendo a Estados Unidos de ese mal que constituyen las drogas”, reaviva el debate sobre la demagogia e hipocresía del régimen de Cuba en materia de seguridad y política internacional.
Esa narrativa oficial pretende presentar a la Isla como un baluarte contra el narcotráfico, un muro de contención marítimo que evita que drogas sudamericanas lleguen al vecino del norte. Las autoridades incluso han afirmado que sus operativos evitaron que unas 40 toneladas de droga ingresaran a los Estados Unidos en los últimos 14 años, aprovechando su ubicación geográfica estratégica. Sin embargo, esta versión oficial contrasta fuertemente con la percepción pública, las evidencias documentadas y la historia de vínculos controversiales que rodean al régimen.
Históricamente, durante los años ochenta, altos oficiales del propio aparato castrista, como los generales Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia, fueron ejecutados tras ser acusados de conspirar con narcotraficantes colombianos y de utilizar territorio cubano en actividades ilícitas relacionadas con drogas, un episodio que marcó un precedente sombrío y contradictorio sobre la posición oficial anti‑narcóticos.
Además, pese a las retóricas oficiales de “tolerancia cero” y de cooperación internacional, persistentes informes críticos sostienen que el consumo de estupefacientes dentro de Cuba ha aumentado en años recientes, y que las autoridades se limitan a mostrar la represión y las sanciones judiciales sin abordar los factores sociales que propician la presencia de drogas en la sociedad. Esta estrategia de control, más enfocada en exhibiciones públicas de juicios ejemplares y en cifras de decomisos que en políticas preventivas amplias, alimenta la percepción de un enfoque demagógico que prioriza la imagen sobre soluciones profundas.
La afirmación oficial de proteger a Estados Unidos de las drogas, entonces, puede leerse como un mensaje político de defensa del régimen más que como una declaración de hechos. Esta narrativa intenta sostener una versión heroica y funcional del Estado cubano ante una comunidad internacional escéptica y ante un pueblo que sufre la realidad cotidiana: carencias económicas, restricciones de todo tipo y una creciente desconexión entre el discurso del poder y la vida real de los ciudadanos.
Si bien el Gobierno cubano proclama cooperación y lucha contra las drogas, la historia, los contradicciones oficiales y la percepción popular revelan la profunda hipocresía que caracteriza su política pública y su discurso internacional, donde la demagogia muchas veces reemplaza a la verdad y la imagen supera a la realidad tangible.
Fuente: Daniel Benitez
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