Un tribunal en Villa Clara sentenció a Alexander Mario Fábregas a siete años de cárcel bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”, luego de que publicara mensajes críticos contra el Gobierno cubano en sus redes sociales.
La noticia fue difundida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que denunció la condena como un nuevo caso de represión contra la libertad de expresión en la Isla.
Según la sentencia, Fábregas compartió en sus redes mensajes como “Pa' la calle hasta que se caiga la dictadura” y “Desobediencia civil se demanda. Es un derecho, no un delito”, llamando a manifestaciones pacíficas.
El tribunal argumentó que estos mensajes “buscaban generar desorden social” y señaló que las publicaciones tuvieron un alcance notable en redes, con cientos de reacciones, comentarios y compartidos. Además, medios como Radio Martí y Cuba Primero replicaron sus declaraciones, lo que habría amplificado su impacto.
El proceso judicial estuvo a cargo de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, presidida por los jueces Grisel Santos Suárez, Noraimys Blanco Echarte y Gerardo Risquet Carmenate.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la sentencia demuestra la falta de independencia judicial en Cuba, donde tribunales suelen condenar a opositores bajo leyes ambiguas utilizadas como herramienta de represión política.
El caso de Fábregas se suma a una larga lista de personas sancionadas en Cuba por ejercer su derecho a la libre expresión. En los últimos años, el Gobierno ha intensificado su persecución contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos que denuncian la crisis en el país.
La figura de "propaganda contra el orden constitucional" es frecuentemente empleada para castigar opiniones contrarias al sistema. Entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han alertado sobre la manipulación del aparato judicial en la Isla para silenciar la disidencia.
El OCDH calificó la condena de Fábregas como una violación flagrante de los derechos humanos y exigió su liberación inmediata. A su vez, la comunidad internacional ha denunciado reiteradamente la falta de garantías procesales en Cuba y la criminalización de la protesta pacífica.
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