El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presentó una propuesta normativa que retoma criterios más estrictos para evaluar la elegibilidad de los inmigrantes que solicitan la residencia permanente.

El documento plantea modificar la definición de “carga pública” y aumentar la capacidad de los funcionarios para negar una Green Card a personas que dependan o pudieran depender de programas de asistencia financiados con fondos federales o estatales.

La propuesta implica revertir la regla implementada en 2022 y regresar a lineamientos similares a los aplicados en 2019, que ampliaban la consideración de factores económicos, nivel de ingresos y uso de beneficios públicos. Entre los programas que se tomarían en cuenta figuran ayudas para cubrir gastos médicos, vivienda o alimentación. De aprobarse, la norma añadiría nuevos elementos en la evaluación para determinar si un solicitante representa un posible costo para el erario público.

En medio del anuncio, surgieron interrogantes sobre el posible impacto en los ciudadanos cubanos que buscan formalizar su estatus mediante la Ley de Ajuste Cubano (CAA). Este mecanismo, vigente desde 1966, permite a los cubanos solicitar la residencia tras un año y un día de presencia física en el país.

Sin embargo, expertos consultados por medios estadounidenses señalan que ciertos aspectos del proceso podrían verse influenciados por la nueva interpretación del concepto de “carga pública”.

El abogado de inmigración Wilfredo Allen explicó que la CAA es independiente de los apartados generales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. No obstante, advirtió que quienes gestionen la residencia por motivos de bajos ingresos podrían enfrentar revisiones adicionales sobre su autosuficiencia económica. La presentación de documentación relacionada con asistencia monetaria estatal o federal podría ser analizada a la luz de los nuevos parámetros.

Los cambios también generarían implicaciones para migrantes de otros países que acceden a programas como el parole humanitario o que se encuentran en proceso de solicitud de asilo. En estados donde se otorga ayuda temporal a los recién llegados, estos apoyos podrían ser considerados dentro de la evaluación para determinar si existe dependencia de beneficios públicos al solicitar la residencia.

Otro tema señalado por especialistas es la posibilidad de que los ajustes normativos afecten solicitudes que continúan pendientes. Aunque no se espera que las modificaciones tengan efecto retroactivo, algunos expedientes podrían ser evaluados bajo criterios diferentes si la medida entra en vigor mientras están en trámite.

La propuesta se encuentra actualmente en periodo de comentarios públicos antes de avanzar a su fase final de aprobación.

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