En Cuba, donde exigir derechos básicos se castiga como un delito imperdonable, la vida de un joven holguinero pende hoy de un hilo. Yosvany Rosell cumple este 20 de noviembre de 2025, 29 días en huelga de hambre, un acto extremo que refleja el nivel de desesperación al que ha sido empujado por un sistema que no le dejó ninguna otra vía para reclamar justicia.

Su historia, como la de tantos, comenzó el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles con un reclamo elemental: libertad, dignidad, un país donde vivir no sea una condena. Yosvany no atacó, no dañó, no delinquió. Solo ejerció —pacífica y legítimamente— el derecho a manifestarse. Por eso fue encarcelado. Y por eso, más de cuatro años después, sigue pagando con su vida lo que en cualquier nación libre sería un acto protegido por ley.

Su huelga de hambre no es una provocación ni un gesto ideológico vacío. Es el último recurso de un hombre al que el Estado cubano ha pretendido quebrar mediante silencio, castigo y abandono. Veintinueve días sin ingerir alimentos significa un deterioro físico severo, riesgo de falla multiorgánica y un punto de no retorno que se acerca peligrosamente. Sin embargo, el régimen no ha tomado ninguna acción humanitaria para salvarlo. No hay atención médica adecuada, no hay revisión de su caso, no hay interés en evitar una tragedia anunciada.

Yosvany representa a los miles de presos políticos cubanos, muchos de ellos jóvenes, condenados a largos años de cárcel por participar en protestas pacíficas, grabar un video, escribir un post o simplemente expresar lo que sienten. Mientras el Gobierno insiste en negar su existencia, las familias cargan con el dolor, la incertidumbre y el miedo, viendo cómo sus hijos, hermanos o padres se consumen en prisiones que nunca debieron pisar.

La comparación histórica es inevitable. Fidel Castro fue encarcelado en 1953 tras el asalto armado al Cuartel Moncada, una acción militar con muertos y heridos. Solo cumplió dos años de prisión antes de ser liberado. En contraste, estos jóvenes del 11J —que no atacaron cuarteles ni derramaron sangre— ya han cumplido más del doble de tiempo tras las rejas por exigir derechos elementales. Esa es la contradicción que el régimen pretende que el mundo ignore.

Pero el mundo vio el 11J. El mundo sabe. Y el sacrificio de Yosvany es hoy una prueba dolorosa, innegable, del precio que se paga en Cuba por pensar diferente. Su cuerpo se apaga, pero su dignidad permanece intacta. Él no está luchando solo por su libertad personal; lucha por la de todos, por ese futuro que a su generación le prometieron pero nunca llegó.

Su nombre no debe ser silenciado. Su vida no puede perderse en vano. Lo que ocurre con Yosvany Rosell es un espejo de la Cuba actual: un país donde se encarcela la esperanza y se castiga la verdad, pero donde todavía existen quienes prefieren morir antes que renunciar a ser libres.

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