Líderes del exilio venezolano en Estados Unidos expresaron su rechazo al secretario de Estado Marco Rubio luego de que este solicitara oficialmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos, alegando que su continuidad afecta los intereses del país.
La polémica estalló tras la difusión de una carta fechada el 31 de enero, en la que Rubio afirma que mantener la designación de TPS para Venezuela “no defiende los intereses fundamentales de Estados Unidos” y contradice la política exterior del país. Además, el senador relaciona la migración venezolana con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.
El documento fue dirigido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y forma parte de los archivos requeridos por una demanda interpuesta por beneficiarios del TPS para conocer el proceso detrás de la decisión de cancelarlo.
Ante esta postura, Adelys Ferro, directora del Caucus Americano Venezolano, calificó la actuación de Rubio como una traición. “Es el mismo Marco Rubio que impulsó durante años la aprobación del TPS para venezolanos y que luego se negó a votar por la ley que él mismo defendía, simplemente porque el expresidente Trump se oponía”, expresó.
La activista agregó que la comunidad no olvidará este giro en la posición del secretario de Estado, quien durante años fue uno de los principales aliados políticos de los venezolanos exiliados.
El debate en torno al TPS tomó un nuevo giro el 31 de marzo, cuando el juez federal Edward Chen, en San Francisco, bloqueó temporalmente la decisión del DHS de eliminar la protección para venezolanos. El magistrado señaló que esa medida podría causar daños irreparables a cientos de miles de personas, afectar la economía nacional y perjudicar la seguridad pública.
En su fallo, el juez Chen ordenó mantener la extensión del TPS otorgada en 2023 mientras se resuelve la disputa legal. También recordó que el programa existe precisamente para proteger a personas cuyos países han sido afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis excepcionales.
Venezuela recibió su primera designación de TPS en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, como respuesta a la situación humanitaria generada por la violencia, la pobreza extrema y la represión bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, el intento reciente de revocar esta medida se enmarca en una estrategia más amplia del presidente Donald Trump y sus aliados para restringir programas humanitarios y de protección migratoria, alegando que exceden el marco legal.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios siguen defendiendo la permanencia del TPS para los venezolanos, advirtiendo que su cancelación pondría en riesgo a miles de familias que han reconstruido sus vidas en Estados Unidos.
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