La detención de José Rafael Escorihuela Pereira y Kelvin Jesús Matos Pérez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha abierto una investigación sobre una operación de tráfico de cocaína que, según fuentes periodísticas venezolanas, habría utilizado conexiones diplomáticas y una ruta entre Venezuela, República Dominicana y España. El procedimiento permanece bajo secreto de sumario y las autoridades españolas todavía no han hecho públicos todos los detalles del caso.
La Guardia Civil española detuvo a dos ciudadanos venezolanos vinculados anteriormente con la representación diplomática de ese país en España. El operativo terminó con la incautación de aproximadamente 50 kilos de cocaína que, según la investigación periodística de El Pitazo, se encontraban en el equipaje de José Rafael Escorihuela Pereira.
Escorihuela había ocupado distintos cargos dentro de la administración venezolana y del servicio exterior. Fue ministro consejero y segundo jefe de misión en India y posteriormente desempeñó funciones diplomáticas en España. También llegó a ocupar un cargo directivo en el Ministerio de Comercio Exterior en Caracas.
El segundo detenido es Kelvin Jesús Matos Pérez, antiguo funcionario de la embajada venezolana en Madrid. Documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores español lo registran como primer secretario de la misión venezolana desde noviembre de 2022.
Matos Pérez también ha sido identificado por medios venezolanos como excuñado de Nicolás Maduro Guerra. El Pitazo sostiene, citando a una fuente, que desempeñaba funciones operativas de vicecónsul y que su inmunidad diplomática fue retirada tras el arresto. Esa información no ha sido explicada públicamente en detalle por las autoridades españolas.
Según fuentes citadas por El Pitazo y reproducidas por ANSA, la investigación contempla una posible ruta Venezuela-República Dominicana-Madrid y analiza si los detenidos participaron en otros desplazamientos similares. También se investiga la eventual intervención de terceras personas.
Por ahora, no existe información pública suficiente para establecer judicialmente la responsabilidad de los detenidos más allá de su arresto y de la incautación reportada. La causa continúa bajo secreto de sumario.
Fuentes: El Pitazo - The Objective
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