En un nuevo intento por revertir la profunda crisis agrícola que atraviesa el país, el régimen cubano anunció una flexibilización de las normas para la entrega de tierras en usufructo, eliminando los límites de extensión y el tiempo máximo de explotación con el propósito de incentivar la producción de alimentos.
La medida forma parte del paquete de 176 reformas económicas aprobadas por las autoridades en junio y busca poner en explotación miles de hectáreas que permanecen ociosas o con bajos niveles de rendimiento, en un contexto marcado por la escasez de alimentos y el deterioro de la producción nacional.
El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, informó que las tierras podrán entregarse en función del proyecto productivo presentado por cada solicitante, sin restricciones de hectáreas ni de tiempo de usufructo. No obstante, quienes ya posean terrenos deberán demostrar que los explotan de manera eficiente antes de solicitar nuevas áreas.
Las autoridades también prometieron reducir la burocracia. Según el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el proceso de entrega de tierras no deberá superar entre 15 y 20 días, cuando anteriormente podía extenderse durante meses.
Otra de las novedades es que las empresas del sistema agrícola podrán entregar directamente las tierras, en coordinación con las cooperativas, mientras que las reclamaciones relacionadas con herencias y otros conflictos jurídicos pasarán a ser competencia de los tribunales y las direcciones municipales y provinciales de Justicia.
Asimismo, el Gobierno permitirá que las tierras en usufructo puedan heredarse, incluso por familiares de cubanos que emigraron, siempre que estos mantengan la ciudadanía cubana. Además, los ciudadanos residentes en el exterior que conserven esa condición también podrán solicitar terrenos para desarrollar proyectos agrícolas.
Las nuevas disposiciones amplían el acceso a la tierra para todos los actores económicos, incluidos trabajadores por cuenta propia, cooperativas, mipymes, empresas mixtas e inversionistas extranjeros interesados en producir alimentos o generar exportaciones.
Las reformas llegan en momentos en que Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. La producción agropecuaria continúa muy por debajo de la demanda, mientras la población lidia con la escasez de productos básicos, altos precios y una inflación que ha reducido significativamente el poder adquisitivo.
Aunque el Gobierno atribuye parte de las dificultades a las sanciones estadounidenses, especialistas también señalan problemas estructurales como la excesiva centralización, la falta de incentivos para los productores, la escasez de combustible, la falta de insumos y las restricciones que durante años han limitado el desarrollo del sector agropecuario.
Con estas medidas, las autoridades buscan aumentar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, aunque persisten dudas sobre si los cambios serán suficientes para revertir una crisis que afecta desde hace años el abastecimiento de la población.
(Con información de EFE)
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