Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó al gobernante venezolano Nicolás Maduro, al empresario colombiano Alex Saab y a otros cinco acusados pagar 314 millones de dólares en compensación a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido encarcelados y sometidos a torturas durante su cautiverio en Venezuela.
La decisión fue emitida por el juez Darrin P. Gayles, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, mediante una sentencia en rebeldía, luego de que los demandados no respondieran a la demanda civil presentada por las víctimas. La información fue divulgada por la agencia Associated Press.
Los beneficiarios del fallo son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en Venezuela hasta diciembre de 2023. Los tres recuperaron la libertad como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, en el que Estados Unidos liberó a Alex Saab, quien enfrentaba cargos federales por presunto lavado de dinero.
Según la demanda, los estadounidenses fueron sometidos durante su detención a graves abusos físicos y psicológicos. Entre las prácticas denunciadas figuran descargas eléctricas, golpizas, posiciones de estrés y otras formas de maltrato que, de acuerdo con los demandantes, les dejaron secuelas emocionales y psicológicas permanentes, además de afectar a sus familias.
El fallo establece la responsabilidad civil de Maduro, Saab, otros cinco altos funcionarios venezolanos y el denominado Cártel de los Soles, organización señalada por las autoridades estadounidenses de estar vinculada con actividades de narcotráfico.
Las acusaciones descritas en la demanda coinciden con denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos que han sido objeto de investigaciones internacionales sobre la situación en Venezuela.
Inicialmente, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez también figuraba entre los demandados. Sin embargo, quedó excluida de esta sentencia después de que sus abogados comparecieran ante la corte y argumentaran que gozaba de inmunidad frente a procesos civiles debido a su condición de alta funcionaria del Estado venezolano. Aunque el tribunal aceptó ese planteamiento para este caso, los demandantes mantienen acciones legales dirigidas contra ella.
Con esta resolución, la corte estadounidense ordenó el pago de una indemnización de 314 millones de dólares a favor de las tres víctimas. No obstante, el cobro efectivo de esa suma dependerá de la localización y posible embargo de bienes de los condenados que puedan estar sujetos a la jurisdicción estadounidense o a mecanismos legales de ejecución de la sentencia.
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