Las autoridades rusas detuvieron este lunes al político opositor Borís Nadezhdin, pocos días después de que el Ministerio de Justicia lo incluyera en el registro de "agentes extranjeros", una designación que limita significativamente su participación en la vida política del país.
De acuerdo con información divulgada por la agencia EFE, el propio Nadezhdin confirmó su arresto a través de su canal de Telegram, donde informó que agentes policiales acudieron a su domicilio y lo trasladaron a una comisaría en la ciudad de Dolgoprudni, en la región de Moscú.
El dirigente opositor, de 63 años, había asegurado recientemente que continuaría con la recolección de firmas para presentarse a las elecciones parlamentarias previstas para septiembre, al considerar que la legislación no le impedía seguir adelante con su campaña.
Sin embargo, una modificación legal aprobada en mayo de 2024 establece que las personas catalogadas como "agentes extranjeros" no pueden aspirar a cargos de elección popular, lo que en la práctica bloquea sus posibilidades de competir.
El Ministerio de Justicia justificó su decisión al acusar a Nadezhdin de difundir información considerada falsa sobre las políticas del Estado y el sistema electoral ruso, además de promover la participación en manifestaciones no autorizadas.
El político ha rechazado esas acusaciones y ha comparado la etiqueta de "agente extranjero" con la figura del "enemigo del pueblo" utilizada durante la era soviética para perseguir a los disidentes.
Nadezhdin ganó notoriedad durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando intentó competir con un programa que incluía la apertura de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Su candidatura fue finalmente rechazada por la Comisión Electoral Central, que alegó irregularidades en las firmas presentadas para respaldar su inscripción.
En declaraciones ofrecidas meses atrás, el opositor también criticó el funcionamiento del sistema político ruso, asegurando que el Gobierno enfrenta un creciente desgaste y que cada vez son más frecuentes los casos de corrupción y las detenciones de funcionarios.
La figura de "agente extranjero" ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de miembros de la oposición, quienes sostienen que esta legislación se utiliza para restringir la actividad política y limitar la libertad de expresión.
Incluso autoridades del propio Ministerio de Justicia reconocieron recientemente que la gran mayoría de las personas y organizaciones incluidas en ese registro no reciben financiación del extranjero, uno de los criterios que originalmente justificaban la aplicación de esa categoría.
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