A partir del 24 de abril, el gobierno de Donald Trump revocará el estatus legal de aproximadamente 530.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos. Esta decisión podría resultar en un aumento significativo de las deportaciones, según un aviso publicado en el Registro Federal este viernes.
La medida afecta a los beneficiarios de un "parole" otorgado durante la administración de Joe Biden, el cual permitió la entrada de estos migrantes al país por vía aérea con patrocinadores estadounidenses. Trump ha argumentado que estos programas excedieron los límites de la ley federal y, como parte de su política de endurecimiento migratorio, ha ordenado su eliminación mediante una orden ejecutiva emitida el 20 de enero.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha implementado diversas acciones para fortalecer el control migratorio, incluyendo la deportación masiva de inmigrantes en situación irregular. Su administración también evalúa la posible revocación del "parole" para unos 240.000 ucranianos que ingresaron a EE.UU. tras el inicio del conflicto con Rusia. La decisión sobre este grupo podría anunciarse en las próximas semanas.
Biden, por su parte, había implementado programas de entrada legal condicional para venezolanos en 2022, extendiéndolos a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua en 2023, en un esfuerzo por reducir el cruce irregular en la frontera con México. No obstante, la nueva administración considera que estos permisos deben ser eliminados, dejando a cientos de miles de migrantes en una situación de incertidumbre.
La cancelación del "parole" podría exponer a estos migrantes a procesos de deportación si no logran regularizar su estatus a través de otras vías legales. Aún no está claro cuántos de los afectados han conseguido protecciones alternativas, lo que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes.
El gobierno estadounidense ha intensificado la repatriación de migrantes venezolanos en los últimos meses. En febrero, más de 600 personas fueron devueltas a su país de origen. Esta acción se da en el contexto de la reanudación de vuelos de deportación entre EE.UU. y Venezuela, luego de que Washington suspendiera una licencia que permitía a Chevron operar en el sector petrolero venezolano como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Departamento de Estado ha exigido a Maduro que programe vuelos de repatriación constantes y ha advertido sobre la posibilidad de nuevas sanciones si no se cumplen estos acuerdos. Mientras tanto, el régimen venezolano insiste en que el éxodo de ciudadanos es consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y ha minimizado el impacto de la crisis migratoria, a pesar de que Naciones Unidas estima que cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2014.
Con la eliminación del "parole", miles de migrantes podrían enfrentarse a un panorama incierto. Mientras algunos buscarán alternativas legales para permanecer en EE.UU., otros podrían verse obligados a regresar a sus países de origen, donde persisten crisis políticas y económicas.
La decisión de Trump marca un cambio radical en la política migratoria del país y podría tener consecuencias a largo plazo para las relaciones diplomáticas con los países afectados.
(Con información de Reuters)