La angustia de Mailín Sánchez volvió a hacerse pública cuando denunció que el Tribunal Popular Provincial de Holguín se negó a respaldar la solicitud oficial que presentó para pedir una licencia extrapenal por motivos de salud a favor de su esposo, el preso político Yosvany Rosell García Caso. La esposa asegura que la vida de Yosvany sigue pendiendo de un hilo, mientras permanece en una celda que, según afirma, “no reúne las condiciones mínimas para alguien que estuvo al borde de la muerte”.
La organización Cubalex también intervino, difundiendo un reporte donde expone graves fallos en el procedimiento legal que debería proteger los derechos del prisionero. El informe recuerda que Yosvany sobrevivió recientemente a una huelga de hambre de 40 días, una protesta extrema que puso su organismo en un estado crítico. A pesar de ello, apenas unos días después fue devuelto a la prisión de Holguín, sin haber recibido una recuperación adecuada.
Cubalex detalla que, el día en que Mailín presentó la solicitud, personal del tribunal se negó a sellar o firmar la copia que ella llevaba consigo. Este simple acto administrativo habría permitido demostrar la fecha exacta de entrega y dar seguimiento al trámite. Sin ese acuse de recibo, la familia queda en desventaja frente a un sistema que suele dilatar o ignorar peticiones de presos políticos.
Otro punto alarmante es el plazo que —según le dijeron a Mailín— podría extenderse hasta 90 días. Sin embargo, Cubalex aclara que la ley establece tiempos inferiores: el dictamen médico debe emitirse en un máximo de 30 días, y el tribunal está obligado a decidir dentro de los 10 días posteriores a recibir ese documento. Prolongar la respuesta no solo sería ilegal, sino también cruel ante el estado físico del prisionero.
La organización también denuncia que al exigirle a Mailín un resumen clínico de su esposo, el propio tribunal la coloca en una situación imposible, ya que las autoridades penitenciarias han rechazado en repetidas ocasiones entregar dicho informe, argumentando que solo puede ser enviado a instancias judiciales.
Durante su visita del 17 de diciembre, Mailín encontró a Yosvany aislado, con problemas para acceder a alimentos y agua, y con un deterioro físico evidente. El activista cumple una condena de 15 años por participar de manera pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021.
La familia exige una respuesta inmediata. Cada día de silencio institucional es un día más de riesgo para la vida de Yosvany.
Fuente: Alas Tensas
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