La empresa española Tabacalera, copropietaria de Habanos S.A. junto a la estatal cubana Cubatabaco, aseguró que está adoptando medidas inmediatas para romper cualquier relación con el empresario británico-camboyano Chen Zhi, recientemente sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido.
Un portavoz de la compañía confirmó a la agencia AFP que se encuentra en marcha un proceso de reestructuración destinado a excluir por completo a Zhi de las operaciones del grupo. La reacción se produjo tras conocerse que el magnate figura como accionista mayoritario de Allied Cigar Corporation, sociedad matriz de Tabacalera.
Habanos S.A., responsable de la comercialización global de los puros cubanos premium, es una empresa mixta controlada al 50 % por Cubatabaco y Tabacalera. La revelación sobre la identidad del principal accionista de Allied Cigar Corporation generó inquietud en el sector del tabaco de lujo y puso bajo escrutinio la estructura corporativa de la compañía.
De acuerdo con la información disponible, los dos accionistas minoritarios de Allied Cigar Corporation han manifestado su disposición a adquirir la participación de Chen Zhi, lo que abriría la puerta a una recomposición accionarial y a un distanciamiento definitivo del empresario respecto al negocio internacional de los habanos.
La presión sobre Zhi se intensificó en octubre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de supervisar redes de trabajos forzados en Camboya. Según las autoridades estadounidenses, miles de personas víctimas de tráfico humano eran obligadas a operar estafas digitales desde complejos cerrados. Desde entonces, el empresario permanece prófugo.
El Reino Unido, por su parte, congeló activos inmobiliarios y comerciales vinculados a Zhi en Londres, valorados en más de 130 millones de dólares. A estas acciones se suman incautaciones realizadas en Taiwán, Singapur y Hong Kong, que en conjunto superan los 350 millones de dólares.
Investigaciones internacionales han revelado que Chen Zhi controlaba una extensa red de sociedades pantalla distribuidas en Europa, Asia y el Caribe, utilizadas para canalizar capitales procedentes de actividades ilícitas. Estas estructuras terminaron por vincularlo indirectamente con Tabacalera, elevando el riesgo reputacional para la compañía española.
Según documentos a los que tuvo acceso la AFP, entre ellos un organigrama entregado por la distribuidora Elite Trading Scandinavia al ayuntamiento de Gotemburgo, en Suecia, Zhi aparece como accionista principal de varias empresas relacionadas con el comercio de tabaco. La legislación sueca obliga a declarar la estructura accionarial en los sectores del tabaco y el alcohol, y en esos registros Zhi figura como “beneficiario efectivo”.
Tabacalera, con sede en España, formó parte durante años del grupo británico Imperial Brands. En 2020 fue vendida a un consorcio de inversores asiáticos agrupados bajo la denominación Allied Cigar Corporation. Hasta ahora, la identidad y el origen de esos inversores no habían sido aclarados públicamente, lo que alimentó especulaciones sobre el control real de la empresa.
La confirmación de que Chen Zhi es el principal accionista forzó a Tabacalera a reaccionar con rapidez para proteger su imagen y asegurar la continuidad de sus operaciones en un mercado altamente regulado y sensible a las sanciones internacionales.
Entre las medidas contra el empresario también figura la congelación de activos en Hong Kong por más de 2.700 millones de dólares hongkoneses, así como la desconexión de entidades vinculadas a su red del sistema financiero internacional en plazas clave como Londres y Washington. Fiscales estadounidenses incautaron además grandes volúmenes de criptomonedas y emitieron órdenes de arresto, aunque Zhi continúa en paradero desconocido.
Más allá del entramado financiero, investigaciones periodísticas y judiciales describen un modelo de negocios basado en el tráfico de personas y el fraude digital a gran escala. Miles de personas vulnerables habrían sido reclutadas mediante falsas ofertas laborales y trasladadas a complejos en Camboya y Myanmar, donde eran obligadas bajo amenazas a ejecutar estafas románticas, fraudes con criptomonedas y engaños telefónicos transnacionales.
Las ganancias obtenidas, con costos laborales mínimos, eran posteriormente blanqueadas a través de casinos, plataformas de pago digital, apuestas en línea y granjas de minería de Bitcoin, transformando ingresos ilícitos en activos difíciles de rastrear.
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