Un gran jurado de Florida concluyó que 10 millones de dólares procedentes de fondos públicos relacionados con Medicaid fueron utilizados indebidamente con fines políticos, después de pasar por la fundación Hope Florida, una iniciativa promovida por la primera dama del estado, Casey DeSantis.
El informe, que permanecía bajo reserva y posteriormente fue conocido por medios de comunicación, señala que el dinero terminó siendo canalizado hacia organizaciones vinculadas al Partido Republicano de Florida y comités de acción política durante 2024. Parte de esos recursos habría sido utilizada para financiar una campaña contra una enmienda constitucional que buscaba legalizar el cannabis recreativo en el estado.
Los 10 millones de dólares tuvieron su origen en un acuerdo entre el Gobierno de Florida y Centene Corporation para resolver una disputa relacionada con el programa Medicaid. Posteriormente, los fondos fueron entregados a Hope Florida antes de ser transferidos a otras organizaciones.
El reporte menciona entre los principales involucrados a James Uthmeier, actual fiscal general de Florida, quien en aquel momento era jefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis. Su comité político, Keep Florida Clean, habría recibido una parte considerable del dinero.
También aparece mencionada Ashley Moody, entonces fiscal general de Florida y actualmente candidata al Senado federal. Según el documento, Moody tenía conocimiento del acuerdo y autorizó a un subordinado a firmarlo.
A pesar de sus conclusiones, el gran jurado determinó que no existían pruebas suficientes para acusar penalmente a ninguna persona. El documento señala que no pudo establecerse quién tomó específicamente la decisión de enviar los 10 millones de dólares a Hope Florida.
Sin embargo, los jurados consideraron que los fondos de los contribuyentes fueron utilizados de manera indebida para propósitos políticos y recomendaron introducir cambios para impedir que una situación similar vuelva a ocurrir.
El escándalo ha provocado nuevas presiones políticas en Florida. El candidato demócrata a gobernador David Jolly pidió reabrir la investigación y reclamó que los funcionarios mencionados rindan cuentas. Otros candidatos demócratas también exigieron explicaciones y cuestionaron el manejo de los recursos públicos.
Ron DeSantis rechazó las acusaciones y negó que se hubieran desviado fondos de Medicaid. El gobernador sostuvo que la controversia responde a intereses políticos y afirmó que la única conducta delictiva demostrada hasta ahora fue la filtración del informe del gran jurado.
Uthmeier calificó el caso como una "cacería de brujas políticamente motivada", mientras Moody negó que su oficina conociera el destino final que tendrían los recursos.
Fuentes: CBS News y La Opinión
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