Un sistema fotovoltaico instalado para sostener las telecomunicaciones durante apagones quedó fuera de servicio tras la sustracción de un panel en un gabinete de ETECSA, según denunció un ingeniero en redes sociales.
Un panel solar fue sustraído el pasado 1 de mayo del Gabinete Integral micro 9-2 en Santiago de Cuba, lo que provocó la interrupción de un sistema fotovoltaico diseñado para mantener servicios de telecomunicaciones durante cortes eléctricos, según informó en redes sociales el ingeniero Luis Enrique Torres Almarales.
De acuerdo con la publicación, el sistema afectado tenía una capacidad aproximada de dos kilowatts con baterías, lo que permitía sostener la telefonía fija y el servicio Nauta Hogar durante más de 10 horas en horario nocturno. La afectación alcanzó a más de 560 usuarios que dependían de esta infraestructura.
Torres Almarales señaló que el equipo había sido instalado recientemente por trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). En su mensaje, expresó su inconformidad con el hecho y propuso sanciones severas para los responsables, incluyendo penas de hasta 30 años de privación de libertad, en correspondencia con criterios personales expuestos en su publicación.
El robo ocurre en un contexto en el que se han reportado sustracciones de componentes vinculados al sistema eléctrico en varias provincias del país. Medios locales han informado sobre incidentes relacionados con el robo de cables, combustible y aceite dieléctrico en instalaciones eléctricas.
En Santiago de Cuba, reportes previos indicaron que el 11 de abril un intento de sustracción de aceite dieléctrico en un transformador en el municipio de Songo La Maya dejó una persona fallecida y otra con lesiones graves.
El marco legal cubano contempla sanciones para delitos vinculados a la infraestructura energética. El Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, establece penas que pueden oscilar entre siete y 30 años de privación de libertad en casos considerados como sabotaje al sistema electroenergético nacional, además de otras sanciones según la gravedad del hecho.
Datos divulgados por el Tribunal Supremo Popular señalan que personas procesadas por delitos asociados a este tipo de hechos han recibido sanciones superiores a 10 años de privación de libertad en procesos recientes.
El incidente ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han comentado sobre el impacto de estos hechos en los servicios básicos y en la infraestructura tecnológica del país.
Fuente: Luis Enrique Torres Almarales
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