El régimen cubano realizó un juicio público en Artemisa con el claro propósito de “dar un escarmiento”. Dos hombres fueron condenados a siete y ocho años de prisión por el hurto y sacrificio ilegal de una res, en un proceso que el tribunal describió como “ejemplarizante” y “respetuoso del debido proceso”.
El juicio oral y público de la causa No. 207 de 2024 se celebró el 26 de septiembre de 2025 en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa. Según el reporte oficial de Artemisa Visión, los acusados se dirigieron a la finca Carranza, en el municipio de Mariel, donde robaron y sacrificaron una vaca para vender su carne y obtener ganancias.
El tribunal dictaminó que los implicados actuaron “sin autorización” y “con ánimo de lucro”, imponiendo penas de cárcel, la prohibición de salida del país y el decomiso de los instrumentos utilizados. Además, deberán pagar una indemnización al propietario del animal.
El fallo fue presentado como una muestra de justicia y legalidad, con énfasis en el cumplimiento del “debido proceso consagrado en la Constitución”. Sin embargo, el tono del informe y su difusión en medios oficiales evidencian un propósito político: reforzar la imagen de control del Estado ante el creciente número de delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado, un fenómeno que el gobierno no logra frenar y que está relacionado directamente con la crisis alimentaria que golpea al país.
En los últimos meses, las condenas por este tipo de delitos se han multiplicado en diversas provincias. En Mayabeque, un hombre fue sentenciado a diez años por robo con violencia; en Ciego de Ávila, cuatro matarifes fueron arrestados por robar sistemáticamente ganado; y en Sancti Spíritus, un recluso de “pase penitenciario” aprovechó para robar un caballo y sacrificarlo en su propia casa.
Casos similares se repiten en Santiago de Cuba, Holguín y Granma, donde las autoridades aseguran haber desmantelado redes dedicadas al sacrificio y venta ilegal de carne. Sin embargo, campesinos y pobladores sostienen que el robo de ganado sigue fuera de control y que muchos de los implicados actúan por pura necesidad ante la falta de alimentos, el alto costo de la carne y la imposibilidad de comprar productos básicos.
Mientras el régimen exhibe estos juicios como “ejemplos de justicia revolucionaria”, la población continúa enfrentando una escasez que empuja a muchos a delinquir para sobrevivir. En los campos cubanos, el hambre y la desesperación parecen avanzar más rápido que las sentencias.
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