Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno cubano vuelven a colocar a los trabajadores estatales en una situación de extrema vulnerabilidad. Bajo el discurso de “hacer más eficientes” las estructuras del Estado, se esconde una realidad mucho más dura: miles de personas pueden quedarse sin empleo y sin ingresos, en un país donde vivir con salario ya es casi imposible.
En sus recientes intervenciones públicas, las autoridades reconocieron que existen demasiadas instituciones y demasiados trabajadores “indirectos”. La solución planteada no ha sido mejorar la producción ni rescatar la economía, sino reducir plantillas y obligar a reubicaciones laborales, muchas veces lejos de la preparación profesional o de las condiciones reales de cada persona. Quien no acepte el traslado o no pueda ser reubicado será declarado “interrupto”.
La palabra suena técnica, pero su significado es simple y cruel: solo se cobrará el salario básico durante un mes. Después de ese plazo, el trabajador quedará sin ningún ingreso, completamente abandonado a su suerte. No se habla de ayudas reales, ni de protección social efectiva, ni de alternativas dignas. Se habla de cortar, reducir y desplazar.
Este escenario desmonta una vez más el discurso oficial que repite que “nadie quedará desprotegido”. Hoy, incluso quienes conservan su empleo apenas pueden cubrir lo básico. La libreta de racionamiento ya no garantiza lo indispensable y los precios suben sin control. Imaginar a un trabajador sin salario, en medio de esta inflación, no requiere mucha imaginación: hambre, deudas y desesperación.
El golpe llega, además, en un momento simbólico. Mientras se prepara el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los propios trabajadores enfrentan uno de los mayores niveles de inseguridad laboral de los últimos años. El sindicato oficial, lejos de alzar la voz, permanece alineado con el poder político. No defiende a los empleados; transmite las órdenes del Gobierno.
La CTC, que debería proteger a los trabajadores, guarda silencio ante el desamparo que se avecina. Su dirección no cuestiona las medidas ni exige garantías mínimas para quienes quedarán sin empleo. Así, el trabajador cubano queda solo: sin salario, sin sindicato que lo represente y sin un Estado que asuma responsabilidad.
Las nuevas medidas no son solo ajustes económicos. Son una muestra clara de abandono institucional, donde el costo de la crisis vuelve a recaer, como siempre, sobre quienes viven de su trabajo.
Fuente: Diario de Cuba
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