Un científico del Centro Nacional de Investigación (CNRS) de Francia fue detenido y expulsado de Estados Unidos el pasado 9 de marzo tras ser interceptado en el aeropuerto de Houston, Texas. Las autoridades estadounidenses le confiscaron su teléfono móvil y ordenador portátil durante los controles fronterizos, donde encontraron conversaciones privadas en las que el investigador expresaba opiniones críticas hacia la administración de Donald Trump, especialmente sobre su manejo de la política científica.
El hombre viajaba a Houston para asistir a una conferencia científica, pero tras revisar sus dispositivos electrónicos, los agentes de aduanas hallaron mensajes que, según informaron las autoridades, podrían interpretarse como discursos de odio hacia el presidente de EE. UU. y, por lo tanto, como potenciales actos de terrorismo o conspiración. Debido a esto, se le negó el permiso de entrada al país y fue expulsado un día después de su llegada.
El incidente generó un gran malestar en Francia, especialmente en el Ministerio de Exteriores y en el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación. Philippe Baptiste, ministro de Enseñanza Superior, expresó su preocupación por lo sucedido, destacando que la medida fue tomada debido a "intercambios privados" sobre la política científica de la administración de Trump. "Defenderemos la libertad de expresión, la investigación libre y las libertades académicas", agregó Baptiste en un comunicado oficial.
Aunque las autoridades francesas lamentaron la expulsión, enfatizaron que Estados Unidos tiene la soberanía sobre quién puede ingresar a su territorio. Las fuentes diplomáticas indicaron que, si bien se fueron informadas del suceso, seguirán defendiendo los principios fundamentales de la libertad de expresión y la cooperación científica internacional.
El investigador, quien es especialista en el área espacial, había sido seleccionado para asistir a la conferencia en Houston como parte de su trabajo académico. Al pasar el control, los agentes de la policía del aeropuerto examinaron sus dispositivos electrónicos y encontraron comunicaciones que discutían el trato de la administración Trump hacia los científicos. En base a esta información, las autoridades estadounidenses le acusaron de compartir mensajes que podrían ser considerados "terrorismo" o "teorías conspirativas", aunque estas acusaciones no fueron confirmadas públicamente por las autoridades estadounidenses.
El FBI abrió una investigación al respecto, pero los cargos fueron retirados posteriormente. A pesar de que el incidente no llevó a un juicio formal, la confiscación del material personal y profesional del científico y su expulsión de EE. UU. ha generado un debate sobre la línea entre la seguridad nacional y los derechos a la libre expresión, especialmente en el contexto académico.