Dos profesionales cubanos de la salud abandonaron recientemente la misión médica de Cuba en Venezuela, en lo que constituyen las primeras salidas conocidas después de la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.
En declaraciones ofrecidas al medio independiente Diario de Cuba, un estomatólogo y una doctora que prestaban servicios en los estados de Mérida y Táchira explicaron que decidieron abandonar sus puestos de concentración pese a las órdenes de evacuación emitidas por sus superiores. Ambos solicitaron mantener el anonimato por motivos de seguridad, ante el temor de ser localizados y repatriados de manera forzosa.
De acuerdo con su testimonio, en caso de ser detenidos podrían enfrentar la confiscación de bienes y sanciones penales en Cuba por el delito de “abandono de funciones”, tipificado en el Artículo 176 del Código Penal, con penas que oscilan entre tres y ocho años de prisión. Actualmente permanecen ocultos dentro de Venezuela y aseguran que no son los únicos que han tomado esta decisión. Según afirman, al menos otras 13 personas de su grupo han optado por abandonar la misión, aunque esa cifra no ha podido ser verificada de forma independiente.
Los profesionales relataron que los responsables cubanos de las brigadas médicas les han informado sobre una supuesta “operación militar de resistencia y posible retirada”, sin precisar plazos ni escenarios concretos. Señalan que la información recibida ha sido confusa y contradictoria, mientras se han reforzado las medidas de control interno con el argumento de la seguridad.
Entre las orientaciones recibidas figuran la concentración en instalaciones controladas por el chavismo, como los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y las denominadas “casas seguras”, la prohibición de divulgar órdenes, la restricción de las comunicaciones con familiares y la preparación para eventuales cruces de frontera hacia países vecinos como Brasil. También se les ha indicado mantener lista la llamada “PAMUSE” o “mochila del colaborador”, con provisiones básicas para enfrentar posibles escenarios de aislamiento o desplazamientos forzados.
Según los testimonios, ha aumentado el uso de un lenguaje de carácter militar hacia los colaboradores, así como las amenazas relacionadas con sanciones disciplinarias, pérdida de salarios acumulados y procesos judiciales al regresar a Cuba. Las órdenes continúan transmitiéndose por mensajes telefónicos y comunicaciones directas de responsables de los CDI.
En este contexto, los médicos expresaron su expectativa de que organizaciones de derechos humanos y sectores del activismo venezolano soliciten al Gobierno garantías públicas para los profesionales cubanos, que incluyan protección frente a represalias, opciones de residencia legal y acceso al trabajo en igualdad de condiciones.
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