La presión sobre los negocios privados en La Habana vuelve a aumentar. Un operativo de fiscalización realizado en Centro Habana terminó con 363 multas, 15 establecimientos cerrados, dos licencias retiradas y 11 ventas forzosas, después de que las autoridades inspeccionaran a 232 actores económicos. El resultado muestra hasta qué punto se ha intensificado el control sobre mipymes, trabajadores por cuenta propia y otros negocios en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba.
Las autoridades de Centro Habana desplegaron una nueva operación de control dirigida a revisar el funcionamiento de los negocios privados y detectar incumplimientos relacionados con las normas comerciales, bancarias y fiscales.
Según el balance presentado por Ana Regla Marrero, viceintendenta de Economía Global del municipio, fueron fiscalizados 232 actores económicos hasta el pasado 13 de agosto.
El resultado llamó la atención por la cantidad de sanciones: 363 multas, una cifra superior al número de establecimientos inspeccionados. Esto significa que algunos negocios pudieron recibir más de una sanción por distintas irregularidades.
Pero las multas no fueron la única consecuencia. El operativo también provocó el cierre de 15 establecimientos, el retiro de dos licencias y la aplicación de 11 ventas forzosas, mediante las cuales determinados productos deben ser comercializados bajo las condiciones establecidas por las autoridades.
Entre las principales infracciones detectadas aparece la negativa de algunos establecimientos a aceptar pagos mediante transferencias electrónicas. También fueron señalados negocios por vender productos a precios considerados por las autoridades como “abusivos y especulativos” y por no exhibir claramente las tarifas de los artículos.
Los inspectores encontraron además documentación de proyectos de trabajo que no había sido actualizada, lo que puede generar problemas cuando las actividades realizadas por un negocio no coinciden con las autorizadas oficialmente.
Otro aspecto bajo vigilancia fue el uso de códigos QR asociados a cuentas bancarias personales para cobrar las ventas. Según las autoridades, esta práctica puede dificultar el control de los ingresos y constituye una forma de evasión fiscal.
El Gobierno municipal aseguró que los operativos continuarán y advirtió que los establecimientos que incumplan las regulaciones podrán enfrentar nuevas medidas.
La ofensiva ocurre mientras los negocios privados enfrentan un escenario marcado por inflación, escasez, dificultades para importar y falta de suministros.
Aunque las autoridades presentan las inspecciones como una vía para proteger al consumidor y combatir irregularidades, el volumen de sanciones refleja también un endurecimiento del control estatal sobre el sector privado, cada vez más importante para el abastecimiento de los cubanos.
Por ahora, las autoridades no han divulgado cuánto dinero representan las multas ni cuánto tiempo permanecerán cerrados los 15 establecimientos afectados.
Fuente: Gobierno de La Habana
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