Un exagente del Departamento de Policía de Miami Gardens se declaró culpable de haber presentado información falsa para obtener 63.900 dólares de un programa federal de asistencia económica creado durante la pandemia de COVID-19.
Alvin Bernard, de 38 años y residente en Miami Gardens, admitió ante un tribunal federal haber realizado una declaración falsa ante la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) para conseguir un préstamo del programa de Préstamos para Desastres Económicos (EIDL).
El programa fue establecido bajo la Ley CARES para proporcionar apoyo financiero a empresas que hubieran sufrido pérdidas económicas como consecuencia de la pandemia. Los solicitantes debían certificar, bajo pena de perjurio, que la información presentada era verdadera y precisa.
De acuerdo con los documentos judiciales, Bernard se desempeñaba como agente policial y, simultáneamente, era el único gerente y representante autorizado de Vanity Properties LLC. En nombre de esa compañía presentó una solicitud electrónica para acceder a los fondos federales.
En la documentación, Bernard declaró falsamente que la empresa había obtenido 127.881 dólares en ingresos brutos durante los 12 meses anteriores al 31 de enero de 2020. Según los registros del caso, Vanity Properties no había generado esos ingresos.
La SBA utilizó la información proporcionada para evaluar la solicitud y posteriormente aprobó un desembolso de 63.900 dólares, que fueron transferidos electrónicamente a la cuenta bancaria de la empresa.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones cuestionó que Bernard hubiera utilizado su posición como agente de policía para defraudar un programa financiado con dinero de los contribuyentes. Según el fiscal, su declaración de culpabilidad permite responsabilizarlo por el uso indebido de fondos federales destinados a empresas afectadas por la emergencia sanitaria.
Bernard enfrenta una pena máxima de dos años de prisión federal por el delito admitido. Como parte del acuerdo de culpabilidad, también aceptó renunciar a su puesto policial y entregar su certificación como agente del orden público en Florida, además de comprometerse a no solicitar permanentemente su renovación.
El caso se suma a las investigaciones federales sobre posibles fraudes cometidos contra los programas de ayuda económica creados durante la pandemia, que distribuyeron miles de millones de dólares para apoyar a empresas y trabajadores afectados por las restricciones y pérdidas provocadas por el COVID-19.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos
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