La administración de Donald Trump estaría interpretando que el poder real en Cuba no se concentra en Miguel Díaz-Canel, sino que permanece repartido entre la familia Castro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la burocracia del Partido Comunista. Esta lectura estaría condicionando la estrategia de Washington, que apuesta por incrementar la presión económica sobre las estructuras vinculadas a la élite gobernante para provocar fisuras internas y favorecer un eventual proceso de transformación política.
La estructura de poder cubana sería, según la interpretación que manejan funcionarios estadounidenses citados por Bloomberg, mucho más compleja de lo que aparenta la figura institucional del presidente Miguel Díaz-Canel. Aunque Díaz-Canel ocupa la jefatura del Estado y del Gobierno y dirige formalmente el Partido Comunista, Washington considera que su margen de maniobra estaría condicionado por otros sectores con una influencia histórica y económica considerable, o sea, que no pasa de ser una marioneta
Díaz-Canel llegó a la Presidencia en 2018 como símbolo de un relevo generacional, pero su llegada no significó una ruptura con las estructuras creadas durante décadas por Fidel y Raúl Castro. El Partido Comunista mantuvo el control político, mientras los militares conservaron una enorme influencia económica a través de empresas vinculadas a las FAR.
Un ejemplo fundamental es GAESA, el conglomerado empresarial asociado a los militares que mantiene intereses en sectores estratégicos como el turismo, el comercio y otras actividades generadoras de divisas. Para Washington, controlar estas fuentes de ingresos significa atacar uno de los pilares económicos que permiten al régimen mantenerse.
La influencia de los Castro tampoco habría desaparecido con la retirada formal de Raúl. Aunque ya no ocupa los principales cargos del Estado, su entorno continúa teniendo peso dentro de la estructura política y militar. Personas vinculadas a la familia y a las antiguas élites revolucionarias mantienen posiciones estratégicas, lo que permite que las redes construidas durante décadas sigan funcionando.
Esta situación explicaría la estrategia de la Administración de Donald Trump. En lugar de concentrarse únicamente en Díaz-Canel, Washington estaría intentando golpear las estructuras económicas que sostienen a la élite gobernante. Las sanciones contra GAESA y otras entidades buscan reducir el acceso a recursos y generar presión dentro del propio sistema.
El objetivo sería provocar una situación en la que algunos sectores de la cúpula consideren necesario negociar o modificar su posición. Sin embargo, eso no significa que una crisis económica vaya a producir automáticamente una transición democrática. También podría generar mayor resistencia, enfrentamientos entre facciones o una reorganización interna del poder.
Marco Rubio ha reconocido que transformar un sistema construido durante casi siete décadas requiere tiempo. La Administración Trump aspira a que Cuba avance hacia un cambio irreversible antes de enero de 2029, pero Washington tendría claro que no existe una solución rápida.
Además, Estados Unidos enfrenta otro problema: no existe un liderazgo opositor único y ampliamente consensuado que pueda asumir inmediatamente el control si el sistema cubano entra en una crisis profunda. Una eventual salida de Díaz-Canel, por tanto, no garantizaría por sí sola un cambio de régimen.
Ese es precisamente el punto central de la lectura estadounidense: el problema de Cuba no sería solamente Díaz-Canel, sino la red de poder que existe detrás de él. El presidente puede ser la cara visible del Gobierno, pero los militares, el Partido Comunista, las estructuras económicas y las redes asociadas a los Castro constituyen un entramado capaz de sobrevivir incluso a un cambio en la figura presidencial.
Por eso, para Washington, la pregunta ya no sería simplemente quién ocupa el despacho presidencial. El verdadero desafío sería determinar quién controla el dinero, las Fuerzas Armadas, el Partido y las principales estructuras económicas cuando llegue el momento de una eventual transición.
Fuente: Bloomberg
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