(Foto © Katrina Castro Menéndez – Instagram)
La exjueza cubana Katrina Castro Menéndez de 41 años permanece detenida en un centro migratorio de Broward, Florida mientras intenta demostrar ante un tribunal que no ocultó deliberadamente información en sus trámites de inmigración ni perteneció al Partido Comunista de Cuba. El caso enfrenta al Gobierno estadounidense, que sostiene que hubo tergiversaciones en sus formularios migratorios, con la versión de la exfuncionaria, quien atribuye parte de las inconsistencias al bufete que preparó su primera solicitud de asilo.
Katrina Castro Menéndez llegó a Estados Unidos en 2021, después de haber vivido en México, con la intención de rehacer su vida y continuar su formación profesional. Cinco años después, su situación migratoria se encuentra en manos de un tribunal mientras permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La exjueza cubana fue detenida en junio de 2026 y actualmente permanece en el Centro de Transición de Broward. Su primera audiencia migratoria tuvo lugar el 5 de agosto, donde compareció sin abogado y decidió asumir personalmente su defensa.
El Gobierno estadounidense cuestiona principalmente las diferencias entre dos formularios migratorios. En su primera solicitud de asilo, Castro-Menéndez declaró que no había pertenecido a organizaciones políticas. Posteriormente, en su solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, reconoció haber pertenecido a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
La exjueza asegura que la primera solicitud fue preparada por un bufete al que pagó 3.000 dólares y que los abogados completaron el documento sin realizarle una entrevista adecuada. Según declaró a EL PAÍS, "nunca me entrevistó, solo me preguntó por qué yo estaba aplicando al asilo".
El punto más delicado es la acusación de una supuesta relación con el Partido Comunista de Cuba. Castro niega haber pertenecido al PCC y sostiene que ser jueza no implicaba necesariamente militar en esa organización. Una investigación de EL PAÍS consultó además a otros jueces cubanos, quienes confirmaron que la afiliación al Partido Comunista no era un requisito obligatorio para ejercer como juez.
Su trayectoria profesional está documentada también por CADAL, organización con la que colaboró después de salir de Cuba. La entidad señala que fue jueza penal en Centro Habana, presidenta de la sección penal del tribunal municipal de Matanzas y posteriormente abogada defensora.
Ahora deberá convencer al tribunal de que las inconsistencias de sus documentos no fueron producto de un intento deliberado de engañar a las autoridades estadounidenses.
Fuentes: EL PAÍS
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