Las autoridades de Guantánamo intensificaron esta semana un amplio operativo contra trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos, bajo el argumento de frenar “precios abusivos y especulativos”. Las inspecciones, realizadas durante los días 28 y 29 de noviembre, dejaron un saldo de cientos de multas, cierres de negocios, decomisos y la retirada de licencias, en lo que muchos consideran una nueva ofensiva estatal contra el sector no estatal.
El 29 de noviembre, funcionarios realizaron 322 inspecciones, detectando 199 violaciones, lo que representa más del 60% de incumplimiento. Como resultado, se aplicaron 195 multas, incluidas 34 amparadas en el Decreto 30 y el Decreto Ley 91, instrumentos legales utilizados con frecuencia para sancionar rigidez en la fijación de precios. Ese mismo día se ejecutaron 13 ventas forzosas, se cerraron cuatro establecimientos y se retiraron dos proyectos por no utilizar códigos QR, incumplir depósitos bancarios o reincidir en violaciones.
Los decomisos marcaron el carácter más visible del operativo. Entre ellos destaca la ocupación de 442 libras de tomate, vendidos ilegalmente a 8 000 pesos por caja, y un quintal de plátano fruta maduro en el municipio de Yateras. Además, se recibieron nueve quejas, cuatro denuncias y se enfrentaron 42 ilegalidades solo en esa jornada.
Las autoridades aseguraron haber detectado prácticas especulativas como pizarras informativas desactualizadas para manipular precios, violaciones en productos regulados por la Resolución 225 —como detergente y pollo— y sobreprecios en productos concertados por el Gobierno, entre ellos boniato, cebolla, arroz, malanga o pepino.
La Feria Agropecuaria también fue blanco del operativo: se impusieron multas y ventas forzosas por acaparamiento al retener productos o retrasar su salida al mercado. Entre los productos intervenidos estuvieron boniato, cebollín, yuca y frijol negro. Igualmente, se decomisaron cuatro cajas de plátano fruta que eran transportadas sin la documentación requerida.
El transporte privado de pasajeros tampoco escapó a la ofensiva. Se detectaron violaciones de tarifas en rutas como Guantánamo–El Salvador, Guantánamo–Manuel Tames y Palenque–Guantánamo, donde conductores cobraban por encima de los precios oficiales. Persisten, además, irregularidades como la no utilización de pasarelas de pago y la prestación de servicios sin Licencia Operativa.
El día anterior, 28 de noviembre, se registraron aún más acciones: 425 controles, 255 violaciones y 247 multas, incluyendo 40 aplicadas bajo el Decreto 30 y el Decreto Ley 91. También se reportaron 14 ventas forzosas, cuatro cierres de establecimientos y cuatro proyectos retirados por incumplimientos similares. Los decomisos volvieron a centrarse en el tomate vendido a precios elevados y en plátano fruta maduro comercializado ilegalmente.
En total, entre ambas jornadas, se procesaron más de 700 inspecciones, con un índice de violaciones superior al 60%, lo que evidencia la magnitud de la arremetida estatal. Las autoridades insisten en que estas acciones buscan proteger al consumidor; sin embargo, para muchos cuentapropistas la ofensiva se traduce en mayor hostilidad, controles asfixiantes y un nuevo golpe a la ya frágil economía local.
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