A través de redes sociales buscan visibilizar la situación de otro joven cubano al que la Fiscalía en la provincia de Holguín, pide una condena de 30 años de cárcel.
Yosvany Rosell García Caso, un obrero soldador de Holguín, tiene 32 años y tres hijos menores de edad.
"Como consecuencia de la falta de fluido eléctrico convocó a los vecinos a protestar en la vía pública", indicada una copia del auto de Fiscalía, analiza la consultora legal Cubalex.
Un detalle explicado por la periodista Ivette Leyva, indica que Rosell, primeramente había sido acusado de "desórdenes públicos", y de pronto ahora le piden una condena de treinta años de cárcel.
Así lo refiere en su denuncia a través de Twitter la reportera: "como consecuencia de la falta de fluido eléctrico convocó a los vecinos a protestar en la vía pública", dice el auto de fiscalía. Yosvany enfrentaba el cargo de "desórdenes públicos, pero ante el #15N, la fiscalía ha cambiado los delitos en busca de sentencias mucho más severas”.
“Abusos como este revelan la verdadera naturaleza de lo que algunos llaman aún la revolución cubana”, dicen desde Cubalex.
“Lo acusan de "sedición", la nueva tendencia para torcer la ley contra los manifestantes del 11J, en uno de los últimos zarpazos de un régimen no por moribundo menos cruel. ¡Treinta años por supuestamente llamar a los vecinos a protestar!”, señalan.
Por su parte, la activista cubana Salomé García Bacallao ha denunciado a través de sus redes sociales el alcance de la represión que desató el gobierno de la isla contra los manifestantes de julio pasado.
García Bacallao, explicó que más de 500 personas permanecen tras las rejas en todo el país, de un total que sobrepasa los 1100 detenidos tras las protestas del 11 y 12 de julio.
Algo muy grave denunciado por la también artista, es la existencia de al menos 95 personas que enfrentan largas condenas.
“Más de1124 personas han sido detenidas desde entonces en todo el país. +566 personas siguen en prisión. Al menos 95 esperan sentencias de entre 1 y 18 años de privación de libertad”, escribió en Twitter.
Además expuso que “al menos 67 personas han sido condenadas a sanciones de entre 8 y 12 meses de privación de libertad, limitación de movimiento, o trabajo correccional en juicios sumarios por ejercer un derecho”.
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