La nueva orientación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha generado preocupación entre abogados especializados en inmigración, quienes advierten que miles de personas podrían enfrentar mayores obstáculos para obtener la residencia permanente legal.
El cambio establece que muchos solicitantes de la Green Card deberán completar el proceso desde un consulado estadounidense en su país de origen, en lugar de hacerlo dentro de Estados Unidos mediante el procedimiento conocido como “ajuste de estatus”.
La medida ha sido criticada por miembros de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), quienes consideran que podría afectar a familias, trabajadores y personas que llevan años viviendo legalmente en el país mientras esperan una decisión sobre sus casos migratorios.
Shev Dalal-Dheini, directora senior de Relaciones Gubernamentales de AILA, afirmó que la política plantea numerosas dudas legales y operativas. Según explicó, en lugar de simplificar el sistema, la nueva directriz podría castigar a quienes han intentado seguir las vías legales establecidas para regularizar su situación.
Por su parte, Ben Johnson, director ejecutivo de la organización, señaló que el cambio representa una modificación profunda de un mecanismo migratorio que ha sido utilizado durante décadas por administraciones de ambos partidos políticos.
“Muchas personas construyeron sus vidas en Estados Unidos confiando en las reglas existentes. Han formado familias, adquirido viviendas y desarrollado carreras profesionales basándose en un sistema que ahora podría cambiar drásticamente”, indicó.
Los especialistas también advierten que la nueva política podría provocar retrasos adicionales debido a la elevada carga de trabajo que ya enfrentan numerosos consulados estadounidenses alrededor del mundo.
Aunque USCIS ha indicado que existirán excepciones para determinados casos, hasta el momento no se han ofrecido detalles claros sobre quiénes podrán acogerse a ellas ni cuáles serán los criterios para su aplicación.
Entre los grupos que podrían verse más afectados figuran beneficiarios de programas de permanencia temporal, inmigrantes patrocinados por familiares y trabajadores que buscan obtener la residencia permanente a través de sus empleadores.
AILA también informó que funcionarios migratorios comenzaron recientemente a formular nuevas preguntas durante las entrevistas de residencia. Entre ellas figuran interrogantes sobre las razones por las que el solicitante eligió realizar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, si tiene familiares en su país de origen y si existe algún impedimento para completar el trámite en un consulado estadounidense.
Los abogados consideran que estas preguntas podrían anticipar una aplicación más estricta de la nueva política.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes continúan analizando las implicaciones legales del memorando y no descartan futuras impugnaciones judiciales si la medida termina afectando derechos reconocidos por la legislación migratoria vigente.
Fuente: La Opinión
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