En el municipio de Yara, provincia de Granma, se ha destapado un nuevo escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del sistema de Salud Pública y del Partido. Según denuncias de trabajadores locales, paneles solares enviados desde la provincia para premiar a médicos destacados fueron desviados por el propio director municipal de Salud, Adrián Botello Almeida, quien habría destinado tres de estos equipos a fines personales y familiares.
Los paneles, que debían mejorar las condiciones de vida de los profesionales de la salud que más se han destacado durante los últimos años, fueron entregados fuera de todo control institucional. Testimonios señalan que Botello los instaló en negocios de helados y en viviendas de sus allegados, mientras otros doctores, verdaderos beneficiarios del programa, siguen sufriendo los apagones constantes y la falta de incentivos.
El caso ha generado indignación entre los trabajadores del sector, quienes aseguran que la corrupción se ha vuelto un problema estructural. Pero el escándalo no termina ahí. En la sede del Partido Municipal de Yara, también se han reportado graves irregularidades: malversación de fondos, robo de cotizaciones, venta ilegal de combustible y desmantelamiento de piezas de vehículos oficiales pertenecientes a la UJC y al Poder Popular.
Fuentes locales indican que estas acciones se realizan bajo la supervisión de Niurka Alarcón Gómez, primera secretaria del PCC en Yara, quien presuntamente utiliza su posición para mantener privilegios y favorecer negocios personales, especialmente en el sector agrícola. Detrás de su impunidad estaría la protección de Yudelkis Ortiz Barceló, secretaria provincial del PCC en Granma, señalada por encubrir las irregularidades y evitar la intervención de la fiscalía.
Niurka Alarcón ya ha sido mencionada en otros casos de desvío de fondos en la empresa de pan y dulce y en la sede del gobierno local, donde incluso el presidente municipal Dainier Roberto Vega enfrenta procesos por malversación.
Vecinos y empleados estatales califican este periodo como el más crítico en materia de corrupción que ha vivido Yara en más de dos décadas, afectando la economía, la administración pública y la confianza ciudadana. También se reportan irregularidades en la fábrica de conservas del territorio, donde estarían implicados dirigentes provinciales y un diputado.
La población exige transparencia y una investigación real que no quede, como tantas otras, en simples sanciones administrativas.
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