El caso del transformador roto en el reparto "Armando Mestre", conocido como “El Naranjal”, se ha convertido en un ejemplo contundente de cómo la denuncia pública y la presión social pueden obligar a las autoridades cubanas a actuar, incluso cuando durante días no muestran la menor intención de hacerlo. Lo ocurrido demuestra la desidia institucional, la ausencia de sensibilidad y la dependencia creciente que los ciudadanos tienen de las redes sociales para defender sus derechos.
Todo comenzó con un apagón total provocado por un transformador averiado. Los vecinos, confiados al principio, esperaron durante ¡trece días! sin recibir una sola visita de funcionarios de la empresa eléctrica, trabajadores sociales, representantes del gas ni del Gobierno municipal.
El delegado de la circunscripción llegó incluso a molestarse porque la comunidad exigía información sobre una posible fecha de solución. Esa fue la primera señal de que, una vez más, el Estado se mostraba incapaz —o poco dispuesto— a atender problemas básicos que afectan directamente la vida de la población.
Al cumplirse 14 días sin corriente, seis vecinos decidieron acudir a la Oficina de Atención a la Población del Gobierno provincial. Allí los remitieron a la OBE territorial, donde les informaron que el transformador necesario se encontraba en Villa Clara sin fecha de llegada. Prometieron gas para cocinar, algún combustible para quienes tenían plantas eléctricas y alimentos cocinados para los más vulnerables.
Sin embargo, nada de eso ocurrió en los días siguientes.
Cansados de la inacción, varios vecinos acordaron publicar el caso en las redes. La denuncia se viralizó de inmediato, replicada por numerosos medios independientes. Y entonces, como por arte de magia, comenzaron a moverse las piezas que durante dos semanas parecían inmóviles.
Esa misma noche, cerca de las ocho, aparecieron en medio de la oscuridad el viceintendente de Energía y Minas —vecino del propio reparto— y el delegado. Llegaron con linternas a una reunión improvisada, reconociendo que no había transformadores disponibles, ni gas para repartir, aunque podían vender algunos litros de combustible y evaluar la situación de los llamados “vulnerables”. También pidieron que no acudieran al Gobierno al día siguiente y solicitaron un “voto de confianza”.
La respuesta del barrio fue firme: no querían explicaciones vacías, sino solución. Se les dio un día más. Y entonces ocurrió lo impensable. El lunes, sin previo aviso, el mismo funcionario llegó a anunciar que el problema estaba resuelto. A mediodía llegó una grúa con un transformador que “apareció” súbitamente, instalado en pocas horas. La corriente regresó esa noche, después de 17 días en completa oscuridad.
La experiencia dejó claro un mensaje fundamental: en Cuba, solo la denuncia pública y la presión colectiva obligan a las autoridades a actuar. No hubo insultos, no hubo violencia, solo firmeza cívica. Esa es la enseñanza que deja este episodio, un recordatorio de que la unión y la reclamación respetuosa pero contundente son, hoy, la herramienta más efectiva que tiene el ciudadano cubano para defender sus derechos.
Fuente: profesora Alina Bárbara Hdez. López
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