Fotografía de archivo: Raúl Castro. EFE/Ernesto Mastrascusa/Pool
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el exgobernante cubano Raúl Castro por su presunta implicación en el derribo de dos avionetas en 1996, un hecho que dejó cuatro personas muertas y que durante décadas ha sido uno de los episodios más tensos en las relaciones entre Washington y La Habana.
Según documentos judiciales y reportes de prensa, el gran jurado federal del Distrito Sur de Florida imputó a Castro por cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el caso de la organización de exiliados “Hermanos al Rescate”.
El hecho investigado ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas civiles fueron derribadas por la Fuerza Aérea cubana mientras realizaban vuelos sobre el Estrecho de Florida. Las aeronaves eran operadas por miembros del grupo de rescate de exiliados cubanos, y en el incidente murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos cubano-estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, Raúl Castro, quien en aquel momento ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, habría tenido un papel de responsabilidad en la cadena de mando que autorizó o permitió la operación militar contra las aeronaves.
El caso también incluye a otras cinco personas señaladas por su presunta participación en los hechos, entre ellas un piloto militar que ya había sido procesado en los años posteriores al incidente.
Fuentes judiciales indicaron que la acusación forma parte de una investigación reactivada por autoridades federales en Florida, en un contexto de mayor presión política hacia el gobierno cubano. Sin embargo, no está claro si el exmandatario será llevado a juicio, debido a que Cuba no cuenta con un tratado de extradición con Estados Unidos.
La imputación contra Raúl Castro, de 94 años, se produce en un momento de alta tensión diplomática entre ambos países y ha sido interpretada como una escalada en la estrategia judicial y política de Washington respecto a antiguos líderes del régimen cubano.
El caso ha sido comparado en algunos análisis con otras acciones judiciales internacionales contra exmandatarios de la región, aunque expertos señalan que su ejecución práctica dependerá de la capacidad de Estados Unidos para obtener la presencia del acusado ante una corte federal.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido una respuesta oficial detallada sobre la acusación. Entretanto, el proceso judicial continúa su curso en Estados Unidos, donde se esperan nuevos pasos procesales en los próximos días.
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