El gobierno de Donald Trump interpuso una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, argumentando que sus leyes de protección a migrantes obstaculizan los esfuerzos federales para hacer cumplir las normativas de inmigración.
De acuerdo con la agencia AP, esta acción legal representa un nuevo intento de la administración republicana por intensificar su ofensiva contra las llamadas "ciudades santuario", que limitan la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Chicago, sostiene que las políticas de la ciudad y el estado han permitido la liberación de numerosos delincuentes que, según el gobierno federal, deberían haber sido detenidos para su deportación.
“La conducta de los funcionarios de Chicago e Illinois, quienes durante años han aplicado de forma mínima las leyes federales de inmigración e incluso las han desobedecido, ha resultado en la liberación de innumerables delincuentes que debieron haber sido detenidos para su expulsión de Estados Unidos”, afirma el documento legal.
El texto también señala que las leyes de Chicago e Illinois contravienen la legislación federal al impedir que las autoridades locales compartan información sobre inmigración con los agentes federales, dificultando la identificación de personas sujetas a deportación.
Recientemente, altos funcionarios del gobierno republicano visitaron Chicago para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración. Durante esta visita, se transmitieron imágenes en vivo del “zar de la frontera”, Tom Homan, realizando arrestos de indocumentados.
La ofensiva del gobierno también incluyó la decisión de la nueva secretaria de Justicia, Pam Bondi, de suspender las subvenciones del Departamento de Justicia (DOJ) a las jurisdicciones que, según ella, “interfieren ilegalmente con la aplicación de la ley federal”.
Sin embargo, los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de las políticas santuario como las implementadas en Chicago, determinando que estas no obstaculizan las operaciones federales de inmigración.
Chicago, ciudad predominantemente demócrata, ha mantenido su estatus de santuario desde la década de 1980, reforzando estas protecciones en varias ocasiones, incluyendo durante el primer mandato de Trump en 2017.
El actual alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, no ha emitido comentarios al respecto, aunque previamente ha defendido las políticas santuario. Se espera que testifique sobre el tema en una audiencia en el Congreso el próximo mes.
Por su parte, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, criticó duramente la demanda, asegurando que el estado cumple con la ley. “A diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley”, declaró su oficina en un comunicado.
La administración republicana insiste en que muchos de los migrantes detenidos por ICE tienen antecedentes penales y ya debieron haber sido deportados. Además, existe la posibilidad de que algunos indocumentados sean trasladados a un centro de detención en la base naval de Guantánamo.