Más de 470 cubanos han firmado una queja presentada ante la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Ministerio de Justicia y el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
A través de la plataforma ‘Articulación Plebeya’ compartieron este texto de Queja y Petición, que interpone demandas a raíz de la campaña de descrédito, odio y llamados a la violencia propiciados por medios de prensa estatales cubanos, así como también por instituciones del gobierno.
La iniciativa difundida en Facebook llega acompañada de la siguiente explicación:
Escrito de Queja y Petición
El presente escrito de queja y petición estará abierto para las ciudadanas y ciudadanos que deseen sumarse a su pedido hasta el día 17 de diciembre. Posteriormente será presentado a las autoridades mencionadas a través de los canales correspondientes.
"diciembre 10, 2020
La Habana, Cuba
A: Esteban Lazo Hernández
Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado
A: Yamila Peña Ojeda
Fiscal General de la República de Cuba
A: Oscar Manuel Silveira Martínez
Ministro de Justicia
A: Alfonso Noya Martínez
Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión
Saludos,
Los abajo firmantes concurrimos ante ustedes en su calidad de representantes electos y servidores públicos de la República de Cuba para ejercer nuestro derecho de queja y petición al amparo de las siguientes normas legales:
Artículo 10 de la Constitución vigente, en tanto establece que los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución y las leyes.
Artículo 61 de la Constitución vigente, que establece los derechos de queja y petición basados en la obligación de las instituciones de tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas.
Artículo 24.1, de la Ley de Fiscalía, No. 83 de 1998, que establece la obligación de la Fiscalía de atender, investigar y responder, en el plazo de sesenta días, las denuncias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los ciudadanos.
Así mismo consideramos que nos asisten los siguientes principios y derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano:
- La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes reconocidos (Artículo 40 de la Constitución).
- Todas las personas tienen derecho a conservar su integridad moral (Artículo 46 de la Constitución).
- El honor, la reputación social, y el prestigio de toda persona, constituyen bienes jurídicos protegidos por la legislación penal vigente (Título XII del Código Penal Cubano, sobre los Delitos contra el Honor en su totalidad).
- Todas las personas tienen derecho a que se les respete su propia imagen y voz, su honor e identidad personal (Artículo 48 de la Constitución).
- Todas las personas tienen derecho a acceder, y es obligación del estado brindar, información veraz, objetiva y oportuna (Artículo 53 de la Constitución).
- Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (Artículo 54 de la Constitución).
- El ejercicio de la función periodística ya sea en los medios informativos radiales, escritos o televisivos, debe desarrollarse en el marco del respeto a la Constitución y las leyes (Artículo 55 de la Constitución).
Basadas en los principios, derechos y procedimientos reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano venimos a exponer lo siguiente:
Es nuestro deber ciudadano expresar preocupación por las actuaciones de varios medios de comunicación estatales, en especial después de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de noviembre del año en curso. En particular señalamos que:
- En el aniversario de la muerte de Antonio Maceo, el portal Cubadebate, una de las revistas digitales de mayor alcance en Cuba, publicó en su perfil de Facebook, un post que explícitamente llamaba a la violencia entre personas. El post fue posteriormente eliminado. Pero el llamado fue replicado en varias plataformas digitales por diversos usuarios.
- La cuenta de Facebook del Ministerio de Justicia replicó en su muro la comunicación del Ministerio de Cultura del día 4 de diciembre en la que se listan 32 personas bajo el calificativo o sospecha de “mercenarios”.
- El sistema informativo de la televisión cubana y la prensa en general ha manipulado información al ofrecer en sus más recientes espacios, fotos, audios y videos de personas a quienes se asocia, muchas veces de forma implícita, con determinadas conductas o valores que, en el contexto cubano, pudiesen considerarse degradantes o ilegales.
- En su edición del 9 de diciembre, el periódico Granma publica un artículo difamatorio, en el que se utiliza una foto de un evento desarrollado en la sede de Open Society Foundation en el 2016. Sin que se muestren evidencias de ningún tipo, el artículo vincula a un grupo de intelectuales cubanos con la CIA, planes para generar acciones violentas, y estrategias de golpes blandos.
Los ejemplos anteriormente nombrados no agotan la totalidad de situaciones que han recibido este tipo de coberturas. Estas prácticas de nuestros medios de comunicación nacional llegan a constituir verdaderos linchamientos mediáticos, sin que las personas nombradas o señaladas tengan derecho de réplica.
Este tipo de acusaciones públicas tienen trascendencias sociales adversas y deterioran el desarrollo de una cultura jurídica de respeto al estado de derecho, y la legalidad, comprometen el rol de instituciones que desempeñan por ley funciones vinculadas a la administración de justicia, afectan el cumplimiento del debido proceso en acciones legales en curso o futuras, y cuestionan la presunción de inocencia a que tiene derecho toda persona.
Cuando la función de los medios de difusión deja de ser informativa para convertirse en mecanismo de estigmatización que prejuzga públicamente a individuos concretos, dicho ejercicio ataca valores centrales de nuestro ordenamiento constitucional; en especial el valor de la dignidad humana.
Creemos que es importante para la población conocer de las agresiones y amenazas contra la seguridad pública y la soberanía nacional que se sucedan en este y cualquier otro contexto, así como los elementos que vinculan estos hechos con individuos específicos y/o personas jurídicas, organismos internacionales o estados extranjeros. Pero también creemos que lo anterior no debe empañar el normal funcionamiento de los procedimientos legalmente establecidos, ni vulnerar los derechos de las personas.
En base a los elementos de hecho y de derecho expuestos pedimos que, en el marco de sus funciones, sean adoptadas las medidas que correspondan para:
· Eliminar las expresiones de odio y llamados a la violencia en los medios públicos en sus distintos formatos, y promover una cultura de paz y diálogo respetuoso.
· Suprimir todo ejercicio informativo que vulnere la dignidad de las personas y que tenga por finalidad el enjuiciamiento mediático de individuos.
· Promover condiciones para la cultura del debate respetuoso, con oportunidades de réplica para aquellas personas sobre las que se realizan juicios de valor en espacios informativos.
· Promover una evaluación de los contenidos informativos más recientes emitidos sobre todo en la televisión nacional, para que aquellos que sean lesivos a la dignidad y la integridad moral de algún individuo sean eliminados.
· Remover de las plataformas digitales que correspondan, todos los materiales escritos y audiovisuales de contenido difamatorio y que atentan contra la dignidad de las personas.
· Solicitar una retractación pública en los mismos espacios en que pudieron haberse emitido materiales degradantes y lesivos a la integridad moral de los individuos afectados. Este sería el único camino posible para restablecer la legalidad quebrantada, de acuerdo con la legislación cubana vigente.