El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó la anunciada ayuda humanitaria de 100 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos para Cuba y puso en duda que esos recursos lleguen a la población, en declaraciones que evidencian la preocupación de La Habana por el manejo de la asistencia fuera de los canales oficiales.
Consultado sobre el anuncio estadounidense, Rodríguez respondió de forma tajante: “Sí, ellos mienten constantemente”, y volvió a exigir explicaciones a Washington sobre cuándo comenzará a ejecutarse el programa y qué productos incluirá.
El ministro aseguró que el ofrecimiento fue anunciado públicamente en la Santa Sede antes de que, según su versión, fuera comunicado a las iglesias cubanas o al Gobierno. También cuestionó la evolución de una ayuda anterior destinada a paliar los daños provocados por el huracán Melissa.
Según Rodríguez, inicialmente se habían ofrecido nueve millones de dólares adicionales a los tres millones previamente aceptados por las autoridades cubanas. Sin embargo, afirmó que esa cifra terminó reducida a seis millones y que de ese monto apenas se ha ejecutado algo más de un millón.
Sobre los 100 millones de dólares anunciados posteriormente por Estados Unidos, el canciller señaló que hasta ahora se ha concretado el envío de un módulo con alimentos y productos de aseo destinado a 700 familias cubanas.
Rodríguez reclamó que Washington informe cuándo comenzará la entrega del resto de la asistencia y si esta incluirá alimentos y medicamentos, dos de las necesidades más urgentes de la población en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
Pero uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que la distribución de la ayuda no estaría bajo control directo del Gobierno cubano. Las entregas cuentan con la participación de instituciones religiosas internacionales y de iglesias establecidas en la isla, lo que limita la capacidad del régimen para administrar políticamente esos recursos y decidir quiénes los reciben.
Precisamente por ello, Rodríguez insistió en que cualquier asistencia debe realizarse bajo las normas internacionales de cooperación y sin condicionamientos políticos. Afirmó además que el Gobierno cubano mantiene contacto con las iglesias que participarán en la distribución y que les ofrecerá “todo su apoyo” para acelerar el proceso.
La postura oficial contrasta con las necesidades de una población afectada por la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. Para el régimen, el control de los mecanismos de distribución ha sido históricamente una herramienta de poder, por lo que la llegada de ayuda directamente a comunidades mediante organizaciones religiosas representa un esquema diferente.
Fuente: Granma
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