En una de las operaciones más grandes de control migratorio en Florida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a cerca de 800 inmigrantes durante un operativo de cuatro días, ejecutado en colaboración con autoridades locales y estatales. La operación, denominada "Operación Tidal Wave", fue considerada por el ICE como un éxito rotundo, destacando la estrecha cooperación entre agencias locales y federales en la implementación de políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
La operación, que se llevó a cabo entre el 18 y el 22 de abril, se centró principalmente en inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación. Según los informes, aproximadamente 275 de los arrestados ya tenían órdenes de deportación previas, mientras que el resto enfrentaba diversos cargos o violaciones migratorias. Este operativo fue el primero en ejecutarse bajo el acuerdo conocido como 287(g), que permite a las agencias locales y estatales colaborar directamente con el ICE en la detención de inmigrantes sin documentos, ampliando así las facultades que anteriormente eran exclusivas del ICE.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró el resultado de la operación, destacando la cooperación del estado con el gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria. “¡Florida lidera la nación en la cooperación activa con el Gobierno de Trump en materia de control migratorio y deportaciones!”, escribió DeSantis en su cuenta de X (anteriormente Twitter), reafirmando su compromiso con las políticas migratorias del presidente.
El acuerdo 287(g) ha sido un punto clave en la política de inmigración de Florida. A través de este acuerdo, más de 200 agencias policiales estatales, municipales y del condado han firmado compromisos de colaboración con el ICE. Esto les permite participar en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados, con la supervisión de agentes federales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, actualmente más de 70 agencias adicionales están en proceso de firmar acuerdos similares.
La colaboración de las fuerzas del orden locales con el ICE ha generado tensiones en varias comunidades, especialmente en áreas con grandes poblaciones de inmigrantes. Ciudades como Doral, en el sur de Florida, han aprobado acuerdos con el ICE a pesar de las protestas locales. El consejo municipal de Doral, que alberga una gran comunidad venezolana, expresó su incomodidad por verse obligado a firmar el acuerdo, aunque lo consideraron necesario para evitar sanciones legales del estado.
La implementación del programa 287(g) ha encontrado resistencia en algunas partes del estado, donde los funcionarios locales se oponen a la participación activa en las políticas migratorias del gobierno federal. En Fort Myers, por ejemplo, un consejo municipal inicialmente votó en contra de colaborar con el ICE, pero cambió de postura después de recibir advertencias del fiscal general de Florida, quien amenazó con destituir a los miembros del consejo por violar la ley estatal que prohíbe las "ciudades santuario".
Mientras tanto, la disputa por el control de la inmigración se extiende también al ámbito judicial. Recientemente, varios funcionarios judiciales han sido arrestados o investigados por presuntamente obstruir las políticas migratorias del gobierno de Trump. Entre ellos se encuentran la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, acusada de ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su arresto, y un exmagistrado de Nuevo México, acusado de manipular pruebas en casos relacionados con pandillas venezolanas.
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