Amnistía Internacional ha lanzado una fuerte crítica contra el Gobierno de Cuba, denunciando lo que describe como una "represión sistemática" contra la sociedad civil, especialmente a tres años de las protestas históricas de julio de 2021. En vísperas del aniversario de estas manifestaciones, la organización ha instado al régimen cubano a liberar a todas las personas encarceladas injustamente por ejercer sus derechos fundamentales, y ha hecho un llamado urgente a poner fin a las tácticas represivas que se utilizan para silenciar a los defensores de los Derechos Humanos.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha calificado de inaceptable que las autoridades cubanas continúen empleando métodos represivos para acallar a quienes se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos. Piquer subrayó que desde la implementación de nuevas disposiciones legales en 2022, la situación de los Derechos Humanos en Cuba ha seguido deteriorándose, incrementándose las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, las citaciones y sanciones, así como los cortes de Internet en zonas de protestas.
Entre los casos más notorios mencionados por Amnistía Internacional, destaca el de José Daniel Ferrer García, un líder de la oposición que ha sido clasificado como "preso de conciencia". Ferrer ha sido detenido repetidamente desde agosto de 2021 y ha permanecido incomunicado durante largos periodos desde marzo de 2023. La investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, Johanna Cilano Pelaez, ha resaltado la urgente necesidad de desmantelar las políticas y el marco legal que facilitan la represión en Cuba, argumentando que muchas personas continúan encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Otro caso destacado es el de Pedro Albert Sánchez, un profesor y activista de 68 años, detenido en múltiples ocasiones desde 2020 por participar en protestas pacíficas, incluida su participación en las marchas del 11 de julio de 2021. Sánchez ha sido condenado a cinco años de prisión por cargos de "desacato" y "desórdenes públicos". Desde noviembre de 2023, se encuentra en prisión bajo condiciones duras que han deteriorado su salud, ya que sufre de cáncer y otras enfermedades. Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente motivando a personas de todo el mundo a exigir su liberación inmediata.
Además de Ferrer y Sánchez, Amnistía Internacional ha solicitado la liberación de otros presos de conciencia, incluidos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, y los sacerdotes yorubas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Según datos de organizaciones opositoras como Justicia 11J, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre 960 y 1.100 personas se encuentran detenidas por razones políticas en Cuba, de las cuales 671 permanecen en prisión por su participación en las protestas de julio de 2021.
Amnistía Internacional ha instado al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a que respete el derecho a la protesta pacífica, ponga fin a la represión hacia los disidentes y libere a las personas injustamente encarceladas. La organización ha enfatizado que la situación de los Derechos Humanos en Cuba sigue empeorando, con un incremento en la represión y la criminalización de la disidencia. Las tácticas represivas del Gobierno incluyen la criminalización, detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios de facto, hostigamiento, citaciones y sanciones administrativas contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como cortes de Internet en lugares donde se producen protestas espontáneas.
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