En Santiago de Cuba, estudiantes del Preuniversitario "Antonio Alomá", conocido como Pre 1200, han sido objeto de denuncias relacionadas con la restricción de su derecho a la educación, bajo presión de participar o no en actos políticos. El 15 de enero de 2026, una madre santiaguera informó que su hijo, alumno del centro, fue amenazado con ser dado de baja si no asistía a una marcha política convocada para las 6:00 de la mañana del viernes siguiente.
La movilización tenía como motivo un homenaje a mercenarios cubanos fallecidos en Venezuela, descritos en las comunicaciones oficiales como “asesinados por tropas estadounidenses”, quienes se encontraban en el primer anillo de seguridad del entonces presidente Nicolás Maduro. La advertencia fue clara: los estudiantes que no participaran serían sancionados con la baja del centro.
La madre afirmó que su hijo se negó a asistir y expresó que “ya veremos si lo sacan de la escuela”, manifestando su preocupación por lo que considera una imposición política sobre menores de edad. Según el testimonio, esta práctica vulnera el derecho a la educación, la libertad de pensamiento y la objeción de conciencia, especialmente tratándose de adolescentes. Hasta el momento, no se ha registrado pronunciamiento oficial de la dirección del Preuniversitario 1200 ni de las autoridades educativas del municipio sobre estas denuncias.
En otro hecho relacionado, ocurrido también en la misma institución docente, pero el 16 de septiembre de 2025, padres y estudiantes reportaron que los alumnos eran impedidos de ingresar a clases si llegaban después de las 8:00 de la mañana, aun cuando enfrentan dificultades diarias para asistir, como apagones y falta de alimentos. Los denunciantes señalaron que algunos profesores, identificados como “Severina y Pocholo”, aplicaban esta medida estricta, mientras ellos mismos ingresaban tarde sin inconvenientes. Los estudiantes afectados realizaban esfuerzos significativos para asistir a clases, pese a las condiciones de vida adversas.
Además, se menciona que las aulas presentan un estado de deterioro y carecen de materiales esenciales para el aprendizaje, lo que ha generado preocupación entre padres y vecinos. Los denunciantes instaron a las autoridades competentes a atender la situación y garantizar que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la educación sin restricciones ni arbitrariedades.
Ambas denuncias evidencian un patrón de presión y limitaciones dentro del Preuniversitario 1200. La combinación de coacción política para asistir a marchas y restricciones de acceso a clases por retrasos menores refleja desafíos continuos que afectan la permanencia y el desempeño académico de los estudiantes. Las redes sociales han sido utilizadas como plataforma para visibilizar estas situaciones y proteger la identidad de quienes denuncian.
Los casos siguen siendo monitoreados y se espera que las autoridades educativas locales emitan pronunciamientos que aclaren las medidas adoptadas y garanticen los derechos de los estudiantes en el Preuniversitario 1200.
Fuente: Yosmany Mayeta
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