La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) incluyó a Cuba entre los países donde las leyes relacionadas con la seguridad nacional son utilizadas para restringir el trabajo de periodistas y limitar el acceso a la información, según un informe divulgado este martes sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo.

El documento, titulado "Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo", advierte que cada vez más gobiernos recurren a este tipo de legislación para perseguir, vigilar, encarcelar o forzar al exilio a profesionales de la información.

En el caso de Cuba, RSF denuncia que las restricciones impuestas a la prensa independiente forman parte de un patrón que también afecta a otros países de América Latina. La organización sostiene que las normas invocadas bajo el argumento de proteger la seguridad del Estado terminan utilizándose para obstaculizar el ejercicio del periodismo y limitar la difusión de información de interés público.

El informe señala que este fenómeno también se observa en Nicaragua, donde la aplicación de leyes sobre "agentes extranjeros" y ciberdelitos ha provocado el cierre de numerosos medios independientes, además del exilio de periodistas y la retirada de la nacionalidad a algunos comunicadores.

Asimismo, RSF menciona restricciones a la cobertura informativa en países como Brasil, México, Perú, Colombia, Ecuador y El Salvador, además de denunciar casos de vigilancia ilegal y campañas de estigmatización contra periodistas.

A nivel global, la organización documenta casos ocurridos entre 2020 y 2026 en países como Arabia Saudita, China, Filipinas, Rusia e Israel, donde periodistas han sido procesados por delitos como terrorismo, espionaje, traición o amenazas contra la seguridad nacional tras publicar investigaciones consideradas de interés público.

La directora editorial de RSF, Anne Bocandé, advirtió que la seguridad nacional no puede convertirse en un argumento para silenciar a la prensa y afirmó que numerosos gobiernos están replicando estrategias para impedir investigaciones periodísticas.

El informe también sostiene que el uso de estas leyes ya no se limita a situaciones de guerra o conflictos armados, sino que alcanza investigaciones sobre corrupción, salud pública, medio ambiente, crimen organizado y otros temas sensibles.

Según RSF, el indicador legal de su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa empeoró en más del 60 % de los países entre 2025 y 2026, en parte por el endurecimiento de las legislaciones vinculadas a la seguridad nacional.

Ante este escenario, la organización formuló diez recomendaciones dirigidas a los Estados, entre ellas definir con mayor precisión el concepto de seguridad nacional, fortalecer la protección de las fuentes periodísticas, limitar el uso de leyes antiterroristas contra periodistas y garantizar que cualquier restricción a la libertad de prensa sea excepcional, proporcional y esté sometida a control judicial independiente.

(Con información de EFE)

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