Un nuevo informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) volvió a colocar a Cuba en el centro de la crítica internacional. Durante su 103º período de sesiones, el organismo declaró ilegales las detenciones de 49 manifestantes del 11 de julio de 2021, y confirmó que el país es, desde 2019, el líder mundial en condenas por detención arbitraria.

Los expertos de la ONU concluyeron que estos ciudadanos fueron víctimas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos: arrestos sin orden judicial, desapariciones forzadas, largos períodos de incomunicación, juicios sin garantías, tortura, aislamiento y castigo por motivaciones políticas y religiosas. La mayoría tampoco tuvo acceso a abogados ni a un juez en el plazo legal.

“Es una condena histórica”, afirmó Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, organización que recopiló la documentación entregada al Grupo de Trabajo. Según explicó, los dictámenes revelan con claridad “la naturaleza represiva del régimen y la persecución contra quienes se atrevieron a protestar”. Larrondo destacó que, aunque estos 49 casos representan solo una fracción del total, cada resolución “es un paso importante en el camino hacia la justicia”.

Los expertos subrayaron que las detenciones se produjeron en un contexto de protestas pacíficas inéditas en la isla y que las acusaciones penales tuvieron como objetivo castigar la expresión de opiniones políticas y disuadir futuras manifestaciones. En su dictamen, el GTDA advirtió violaciones graves a la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente al artículo 18, que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Prisoners Defenders revisó y analizó miles de documentos relacionados con 520 detenidos, aunque solo una parte pudo ser tramitada debido a las limitaciones del propio Grupo de Trabajo. Aun así, desde 2024 hasta hoy, la ONU ha emitido dictámenes sobre 66 casos del 11J, todos concluyendo en detención arbitraria.

El organismo no solo declaró “ilegal” la actuación de La Habana, sino que exigió al Gobierno cubano liberar e indemnizar a los 49 presos políticos incluidos en esta nueva resolución. También pidió “investigaciones exhaustivas e independientes” y acciones concretas contra los responsables de estas violaciones.

Sin embargo, la respuesta del régimen fue el silencio. La ONU recordó que el 7 de marzo envió una comunicación oficial solicitando información detallada sobre algunos detenidos y otorgando un plazo hasta el 6 de mayo. Cuba no respondió, ni pidió prórrogas. El GTDA lamentó esta falta de cooperación y reiteró su preocupación por la situación en la isla.

Con la pobreza extrema alcanzando niveles alarmantes, la crisis migratoria desbordada y cientos de presos políticos aún tras las rejas, las conclusiones de Naciones Unidas profundizan el aislamiento internacional del régimen. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos aseguran que seguirán documentando y denunciando cada caso, aunque —como señala Larrondo— “los gobiernos del mundo tarden en actuar frente a la masacre de libertades que vive el pueblo cubano”.

(Con información de El País)

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