El Gobierno del presidente Donald Trump avanzó hacia un cambio profundo de la política migratoria al publicar en el Registro Federal su nueva propuesta sobre la regla de “carga pública”, una normativa que busca restringir el acceso a la residencia permanente y otros beneficios migratorios a quienes utilicen ayudas sociales en Estados Unidos.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) abrió un periodo de comentarios públicos de 30 días, paso previo a la implementación de la regla definitiva.

La propuesta revierte por completo la línea adoptada en 2022 por la administración de Joe Biden, que evitaba que los inmigrantes fueran castigados por acceder a programas como cupones de alimentos, vivienda subsidiada o asistencia médica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que la norma actual es “excesivamente restrictiva” y contraria a la voluntad del Congreso, y sostiene que no ofrece suficientes herramientas para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública.

La administración Trump insiste en que los inmigrantes deben demostrar autosuficiencia para acceder a la Green Card o ajustar su estatus migratorio. La nueva propuesta otorgaría a los oficiales de USCIS una mayor discrecionalidad para evaluar “todos los hechos pertinentes”, apoyándose en las guías federales vigentes desde 1999 —utilizadas durante un siglo para definir qué significa ser una carga pública y qué beneficios aplican en esa determinación.

De aprobarse, la norma eliminaría elementos centrales de la regulación de 2022 y reabriría el análisis sobre el uso de beneficios por parte de familiares, un punto aún sin claridad.

Uno de los aspectos más sensibles es el impacto sobre familias mixtas, aquellas donde conviven ciudadanos estadounidenses con inmigrantes indocumentados o sin estatus definitivo. El DHS estima que muchos hogares optarían por renunciar o abandonar programas públicos por miedo a afectar trámites migratorios, lo que provocaría una reducción de casi 9,000 millones de dólares anuales en ayudas federales.

A diez años, la caída podría superar los 76,000 millones.

El debate se cruza además con la nueva directriz enviada recientemente por el Departamento de Estado a consulados y embajadas para las visas, que incluye evaluaciones sobre salud —como obesidad— y solvencia económica. Aunque USCIS asegura que esa guía no modifica sus propios criterios, es habitual que ambas agencias armonicen políticas.

Tras el periodo de comentarios, el DHS procesará las observaciones y publicará la versión final, que podría tardar semanas o meses antes de ser aplicada.

Fuente: La Opinión

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