La represión no da tregua en Cuba. Seis vecinos del municipio Manicaragua en Villa Clara, fueron condenados a penas de entre cinco y seis años de prisión por salir a protestar pacíficamente contra los apagones, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2024, cuando más de un centenar de personas se concentraron frente a la sede del Gobierno Municipal para exigir el restablecimiento de la electricidad, tras varios días sin servicio. Con calderos, objetos metálicos y hasta claxones, los vecinos expresaron su hartazgo ante una situación que se repite a diario en toda la Isla.

Sin embargo, el Tribunal Provincial de Villa Clara consideró la protesta como un “acto que alteró la tranquilidad ciudadana”. Los jueces Justo Gustavo Faife Hernández, Noraimis Blanco Echarte y Ricardo Hernández Domínguez dictaron duras sentencias: José Águila Ruiz, Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez recibieron seis años de prisión, mientras que Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López (de solo 18 años) y Yoan Pérez Gómez fueron condenados a cinco años.

Además, todos quedaron inhabilitados para salir del país o ejercer derechos políticos, una práctica común del régimen para silenciar el disenso.

El tribunal alegó que los manifestantes “impedían a los dirigentes explicar la situación energética” y que Águila Ruiz —quien grabó y transmitió en directo la protesta— actuó con el propósito de “desacreditar el sistema social cubano”.

El OCDH calificó el proceso como un “fraude judicial”, señalando la ausencia de pruebas objetivas, la falta de imparcialidad del tribunal y el uso de testigos no identificados. “Este tipo de condenas buscan infundir miedo en la población y limitar la libertad de expresión”, denunció la organización.

Mientras tanto, el panorama energético sigue empeorando. La Unión Eléctrica (UNE) reporta un déficit de hasta 1.876 MW, lo que implica apagones de más de 20 horas diarias en varias provincias. A las 6:00 a.m. del sábado, la disponibilidad era de apenas 1.474 MW frente a una demanda de 2.600 MW.

Los cubanos, sin luz, sin combustible y también sin derecho a protestar, continúan pagando las consecuencias de un sistema que, una vez más, castiga la desesperación con cárcel.

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