Cuba enfrenta una situación social y económica alarmante, en medio de un contexto regional marcado por la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y otros gobiernos aliados en América Latina. Mientras algunos cubanos esperan que la política de Donald Trump sobre Caracas genere un cambio en la isla, otros consideran que la única salida posible es que el propio pueblo despierte ante décadas de represión y carencias.

El concepto de “efecto dominó” se escucha con frecuencia: si cae Venezuela, podría afectar a Cuba y Nicaragua. El despliegue militar estadounidense en el Caribe y las acusaciones de narcotráfico a líderes como Nicolás Maduro han generado alarma en La Habana, que convoca marchas y discursos amenazantes contra lo que define como “injerencia imperial”. Sin embargo, la población cubana conoce bien este discurso: la propaganda ha sido constante durante más de seis décadas, generando desconfianza y escepticismo frente a supuestas amenazas externas.

Según el octavo Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema. Estudios del Food Monitor Program revelan que para cubrir una dieta mínima para dos adultos se requieren 41 735 pesos mensuales, casi 20 salarios oficiales. A pesar de estas cifras, el gobierno insiste en culpar al “bloqueo norteamericano”, al “desvío ilegal” y a la corrupción social. Mientras tanto, la inversión agropecuaria en 2025 apenas alcanza el 2,4% del presupuesto, provocando un estancamiento casi absoluto de la producción nacional de alimentos y un aumento del descontento popular.

El deterioro de servicios básicos también es evidente. La escasez de combustible provoca cortes eléctricos intermitentes, conocidos como “alumbrones”, y los hospitales enfrentan carencias graves de medicamentos y equipos. La población depende de recursos limitados y muchas veces debe recurrir al mercado negro para acceder a medicinas esenciales, un reflejo de la ineficiencia del sistema sanitario y de la gestión estatal.

En medio de esta crisis, la represión sigue siendo un mecanismo de control. Los episodios del 11 de julio de 2021, en los que miles de manifestantes fueron detenidos, demostraron que el Estado prioriza la fuerza militar y policial sobre las necesidades de la población, desde ambulancias hasta alimentos básicos. La seguridad del régimen se mantiene intacta, mientras los ciudadanos sufren restricciones y miedo paralizante.

La incapacidad de la oposición organizada también limita las opciones de cambio. Líderes como José Daniel Ferrer, deportado recientemente a Estados Unidos, han denunciado la desarticulación de los grupos opositores dentro de la isla. La mayoría de los cubanos, acostumbrada a depender del Estado, espera soluciones externas: presiones internacionales, intervención de organismos extranjeros o incluso la actuación de Estados Unidos, percibida como una hipotética liberación.

En el plano internacional, Cuba continúa su respaldo a Venezuela, pese a la presión de Washington, y mantiene relaciones estratégicas con Rusia, China y México. La reciente extradición a Estados Unidos del narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, acusado de suministrar fentanilo a cárteles mexicanos, evidencia la compleja postura de La Habana: alineamiento político con aliados tradicionales, pero disposición a cooperar selectivamente con Washington cuando conviene a sus intereses.

La realidad es que, incluso si Venezuela enfrenta cambios significativos, Cuba permanece atrapada en un círculo de crisis estructural. La corrupción, la pobreza extrema, la represión y la dependencia de subsidios externos consolidan un sistema que ha logrado sobrevivir a décadas de adversidad, pero que no ofrece soluciones reales a su población. El régimen, bajo el lema “Somos Continuidad”, sigue priorizando la estabilidad del poder sobre la vida y el bienestar de los cubanos.

El “efecto dominó” regional puede no ser inmediato, pero la fragilidad de la economía y la presión internacional ponen a Cuba ante una encrucijada: seguir prolongando un sistema agotado o enfrentar la urgencia de cambios reales impulsados por los propios ciudadanos, algo que hasta ahora parece distante pero necesario para romper décadas de estancamiento y dependencia.

(Con información de: Deutsche Welle)

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