El presidente Donald Trump volvió a llevar a la Corte Suprema de Estados Unidos su intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales. Su administración pidió al máximo tribunal que evalúe la constitucionalidad de la orden ejecutiva que busca revertir esta garantía establecida en la 14ª Enmienda.
En un escrito presentado el viernes, el procurador general del gobierno, D. John Sauer, argumentó que las decisiones de tribunales inferiores que bloquearon la medida fueron equivocadas y dañinas. Según explicó, estas sentencias concedieron “sin justificación legal el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplían los requisitos”.
Sauer añadió que el fallo inicial “socava la seguridad fronteriza y una política de gran importancia para el presidente y su administración”.
En junio, la Corte Suprema ya había emitido una decisión relacionada con el tema, aunque de carácter más técnico. Por mayoría de 6 a 3, los jueces limitaron, pero no eliminaron, la facultad de los tribunales inferiores para bloquear políticas presidenciales. Ese fallo abrió la puerta a nuevas demandas contra la orden de Trump, que han mantenido la medida en suspenso.
Ahora, el equipo legal del presidente pide que el máximo tribunal intervenga nuevamente para dar un veredicto definitivo sobre si un presidente puede, mediante orden ejecutiva, restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento.
La Sección 1 de la 14ª Enmienda de la Constitución establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residen”. Este principio, vigente desde 1868, ha sido entendido históricamente como una garantía de que cualquier niño nacido en suelo estadounidense es automáticamente ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Para el Brennan Center for Justice, el derecho de nacimiento es un pilar de la identidad nacional y de la igualdad dentro de la comunidad estadounidense. Negarlo, advierten, excluiría a miles de niños que, de acuerdo con la tradición constitucional, pertenecen al país.
La Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump, busca modificar esa interpretación al establecer que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de personas con visas temporales no serían considerados ciudadanos.
La Corte Suprema aún debe decidir si acepta el caso. De hacerlo, podría dictar una sentencia con profundas repercusiones legales y sociales, ya que tocaría un principio constitucional arraigado desde hace más de 150 años.