La situación en Los Ángeles ha escalado a niveles inéditos con el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines por orden directa del presidente Donald Trump, en respuesta a las protestas contra las redadas masivas de migrantes.
Pese a que no se ha registrado ni una sola víctima mortal, el mandatario afirma que la ciudad estaba "fuera de control" y que actuó para prevenir una "invasión". La alcaldesa Karen Bass, al declarar un toque de queda de 20:00 a 6:00 en el centro de la ciudad, intenta contener una ola de protestas que, según sus propias palabras, no afectan a toda la urbe, sino solo a una milla cuadrada. Sin embargo, sus declaraciones también alertan sobre el temor creciente entre los ciudadanos.
El presidente no ha dudado en invocar la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección, un instrumento legal del siglo XIX, para justificar su despliegue militar. Esta amenaza ha generado una reacción inmediata por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha presentado una moción de urgencia para bloquear judicialmente la acción del Gobierno federal. Aunque el tribunal rechaza una orden inmediata, ha fijado una audiencia para el jueves. La tensión política es máxima.
"Trump está usando al Ejército contra ciudadanos de Estados Unidos", denuncia Newsom. “La democracia está siendo atacada”, añade en una declaración que revela el temor a una deriva autoritaria del Ejecutivo.
La alcaldesa Bass ha coincidido: “Nuestra ciudad está siendo usada como banco de pruebas por el Gobierno federal”. Las declaraciones de ambos muestran una preocupación compartida: que Los Ángeles se convierta en precedente para futuras intervenciones militares internas sin consentimiento estatal.
“La democracia está siendo atacada. Ante nuestros ojos, ha llegado el momento que tanto temíamos”, advirtió Newsom. Con esas palabras, se refiere no solo a la militarización, sino al desmantelamiento progresivo del equilibrio entre poderes, una piedra angular del sistema político estadounidense.
Trump reconoció que en esta ocasión no está siguiendo “las reglas establecidas”, en contraste con su actuación en anteriores mandatos. Su afirmación revela una postura deliberada de saltarse los procesos constitucionales.
Mientras tanto, el secretario de Defensa Pete Hegseth fue incapaz de responder en el Congreso a preguntas básicas como el coste del despliegue militar, dejando en manos de la financiera Bryn Woollacott MacDonnel la tarea de confirmar la cifra: 134 millones de dólares.
“Los angelinos sienten miedo. No saben si mañana una redada tocará su casa o lugar de trabajo”, advirtió Bass, destacando el impacto emocional de las medidas.
En paralelo, otras ciudades como Seattle, Nueva York o Chicago también han visto protestas, en muchos casos convocadas por organizaciones de derechos civiles. El punto culminante podría llegar este sábado con la marcha nacional "No Kings", que busca contrarrestar el desfile militar impulsado por Trump para celebrar el 250 aniversario del Ejército estadounidense.
La escena actual en Los Ángeles es la de una nación profundamente dividida, donde el debate sobre la inmigración, el poder federal y los derechos civiles se ha entrelazado con un desafío directo a los límites del poder presidencial. La respuesta a estas acciones marcará un antes y un después en la relación entre Washington y los estados.
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