El presidente Donald Trump conmutó este 28 de mayo la condena de Lawrence Duran, empresario del sur de Florida considerado el mayor estafador del programa federal Medicare en la historia de Estados Unidos. La medida, parte de una lista de más de dos decenas de conmutaciones firmadas por Trump ese mismo día, ha generado una oleada de críticas por la magnitud del caso y su impacto en el sistema de salud pública.
Duran, de 63 años, fue condenado en 2011 a 50 años de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos, entre ellos fraude, lavado de dinero y conspiración. Su empresa, American Therapeutic Corp., operaba siete clínicas entre Miami y Orlando, desde donde se implementó un esquema que defraudó a Medicare por más de 87 millones de dólares entre 2002 y 2010.
El método consistía en facturar sesiones grupales de salud mental que nunca se ofrecieron o que eran aplicadas a pacientes no aptos, como ancianos con Alzheimer. El fraude involucró 866,000 reclamaciones falsas y una red criminal de más de 30 personas, incluyendo médicos, reclutadores y administrativos.
Los fiscales detallaron que Duran y su socia, Marianella Valera, también usaban empresas fantasma como MedLink Professional Management Group y American Sleep Institute para canalizar el dinero de forma ilícita. Incluso fundaron una organización fachada, National Association of Behavioral Health (NABH), para presionar al Congreso y legitimar sus operaciones.
Valera recibió una sentencia inicial de 35 años, reducida luego a 15, y fue liberada bajo supervisión en 2020. Ese mismo año, Trump también conmutó la condena de Judith Negrón, exvicepresidenta de una de las filiales de Duran, acusada de lavado de dinero y sobornos.
Aunque la Constitución otorga al presidente la facultad de conceder indultos y conmutaciones, el perdón a Duran ha generado alarma. Diversos analistas y funcionarios consideran que esta decisión debilita el mensaje de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción.
“El caso de Duran fue emblemático porque mostró cómo un grupo organizado puede explotar el sistema y lucrarse con los más vulnerables”, dijo una fuente cercana al Departamento de Justicia. La fiscal federal Jennifer Saulino expresó en su momento: “Este tipo de fraude es devastador… y merecen las penas más severas”.
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