El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 y enviar tropas federales a Minneapolis si las autoridades estatales y locales no logran controlar las protestas surgidas tras varios incidentes vinculados a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La declaración se produjo en medio de una escalada de manifestaciones y enfrentamientos entre agentes federales y residentes de la ciudad.
La tensión aumentó luego de un nuevo tiroteo ocurrido cuando agentes de inmigración intentaron detener a un hombre que, según el reporte oficial, los atacó. El sospechoso resultó herido de bala en la pierna tras una persecución, lo que reavivó las protestas en barrios donde ya existía un clima de indignación por la muerte de Renee Good, una residente local que falleció el 7 de enero tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo de ICE.
En un mensaje difundido en redes sociales, Trump sostuvo que, si los líderes de Minnesota no actúan para frenar lo que describió como disturbios e insurrección, aplicará la Ley de Insurrección para restaurar el orden. Esta norma federal faculta al presidente a desplegar las Fuerzas Armadas o a federalizar la Guardia Nacional cuando, a su juicio, las autoridades estatales no pueden o no quieren garantizar la seguridad pública. Su uso más reciente a gran escala ocurrió en 1992, durante los disturbios de Los Ángeles.
Las autoridades de Minnesota respondieron con firmeza. El fiscal general del estado Keith Ellison anunció que impugnará cualquier intento de intervención militar federal y recordó que su oficina ya ha presentado demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional por el aumento de redadas y operaciones en la zona. Por su parte, el gobernador Tim Walz pidió públicamente al presidente que reduzca el tono y evite decisiones que puedan agravar el conflicto.
En las calles de Minneapolis, las manifestaciones se han mantenido de forma casi continua. En uno de los episodios más recientes, agentes federales equipados con cascos y máscaras antigás dispersaron a manifestantes con gases lacrimógenos, mientras algunos grupos respondieron lanzando piedras y fuegos artificiales. El alcalde Jacob Frey calificó la situación como extremadamente compleja y cuestionó la magnitud del despliegue federal, al asegurar que supera con creces la capacidad de la policía local.
El caso de Renee Good se ha convertido en el principal catalizador del descontento. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un agente dispara a corta distancia mientras el vehículo de la víctima comienza a moverse, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de la fuerza. La familia de Good anunció que presentará una demanda contra el Gobierno federal y contrató al mismo bufete que representó a la familia de George Floyd en 2020.
Mientras continúan las investigaciones internas y judiciales, el debate sobre el alcance de los operativos migratorios y la posibilidad de una intervención militar federal mantiene en vilo a Minneapolis y reaviva una discusión nacional sobre seguridad y límites del poder presidencial.
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