El Gobierno cubano intenta impulsar la generación de energía desde hogares y empresas como respuesta a la profunda crisis eléctrica que atraviesa la isla, donde los apagones se han convertido en una constante y la disponibilidad del sistema continúa muy por debajo de la demanda.
Las nuevas Resoluciones 179 y 180 de 2026, que entraron en vigor este fin de semana, establecen incentivos para quienes inviertan en fuentes renovables, entre ellas la energía solar fotovoltaica, eólica y la generada a partir de biomasa.
La Resolución 180 contempla exenciones de impuestos aduaneros para la importación de sistemas y componentes fotovoltaicos, calentadores y bombas solares de agua, pequeños generadores, biodigestores, plantas de biogás, sistemas de iluminación solar y cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables.
También quedan exentos de aranceles los equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía, así como sus principales partes y piezas.
Por su parte, la Resolución 179 amplía las posibilidades de vender al Sistema Eléctrico Nacional la electricidad producida mediante biomasa y energía eólica, además de la generación fotovoltaica.
Las medidas llegan cuando Cuba enfrenta uno de los peores escenarios energéticos de los últimos años. La capacidad disponible se sitúa alrededor de los 1.050 megavatios frente a una demanda máxima estimada en 3.300 megavatios, lo que representa un déficit de unos 2.280 megavatios.
Esta situación ha provocado extensas interrupciones del servicio en diferentes territorios. Durante las horas de mayor consumo, la afectación llegó a alcanzar al 69 % del país, mientras millones de personas deben afrontar jornadas con apenas unas pocas horas de electricidad.
El deterioro del servicio también ha generado protestas en distintos puntos de la isla, incluidos cacerolazos y manifestaciones acompañadas de quema de basura en algunas comunidades.
Las nuevas disposiciones también buscan estimular inversiones privadas destinadas a garantizar el suministro eléctrico en instalaciones consideradas de interés público. Entre ellas figuran policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes y sistemas de bombeo de agua.
Según la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, estas inversiones podrán beneficiarse de determinadas reducciones tributarias.
El Gobierno cubano sostiene que las sanciones estadounidenses dificultan el acceso al combustible y otros recursos necesarios para mantener el sistema eléctrico, mientras expertos independientes atribuyen la crisis, entre otros factores, a años de falta de inversiones y deterioro de la infraestructura.
Fuente: ANSA
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