El Gobierno cubano ha anunciado una amplia transformación de su modelo económico ante una crisis que se ha vuelto difícil de contener, pero las nuevas medidas no contemplan modificaciones sustanciales en el sistema político ni en la estructura de poder que durante décadas ha controlado la isla.
El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente la gravedad de la situación y admitió la necesidad de introducir cambios que durante años fueron postergados. El paquete anunciado incluye 176 medidas que pretenden otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, facilitar la inversión extranjera privada, flexibilizar determinadas decisiones salariales y permitir la creación de bancos privados, además de abrir sectores estratégicos a capitales privados y extranjeros.
Las propuestas representan una ruptura importante con algunos de los principios económicos que han predominado desde 1959. Sin embargo, las autoridades cubanas insisten en que no se trata de abandonar el socialismo, sino de actualizar el modelo económico para preservar el sistema.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz ha rechazado que las medidas representen un giro hacia el capitalismo, mientras Díaz-Canel ha asegurado que no existe una renuncia a la construcción socialista. El Gobierno mantiene que la propiedad continuará bajo control del Estado y que las reformas tienen como objetivo garantizar la supervivencia del modelo.
La principal incógnita es precisamente hasta dónde llegará esa apertura. Economistas y empresarios cuestionan que pueda hablarse de una verdadera liberalización cuando el Estado conserva la capacidad de autorizar, supervisar y eventualmente retirar los permisos concedidos a los negocios privados.
El economista Miguel Alejandro Hayes considera que Cuba no estaría pasando simplemente del socialismo al capitalismo, sino de un capitalismo de Estado, caracterizado por el control político de la economía, hacia un modelo que podría incorporar mayores espacios para la propiedad privada sin abandonar la estructura autoritaria.
La desconfianza también tiene antecedentes. Las reformas económicas anunciadas desde 2011, la apertura promovida durante el acercamiento con Estados Unidos bajo la Administración de Barack Obama y los cambios constitucionales de 2019 ampliaron determinadas formas de propiedad, pero no eliminaron la incertidumbre que enfrentan los empresarios.
Para algunos emprendedores, el problema continúa siendo la falta de garantías jurídicas. La posibilidad de que las decisiones económicas puedan modificarse cuando cambien las prioridades políticas constituye uno de los principales obstáculos para atraer inversiones a largo plazo.
El jurista cubano Eloy Viera sostiene que el verdadero problema no radica en anunciar nuevas reformas, sino en modificar la arquitectura institucional que las condiciona. Mientras no exista una separación efectiva de poderes y las instituciones continúen subordinadas al poder político, advierte, persistirá una elevada incertidumbre jurídica.
La situación también genera dudas entre los cubanos residentes en el exterior, a quienes el Gobierno busca atraer como fuente de capital. Sin embargo, empresarios de la diáspora consideran que sin cambios políticos, independencia judicial y mayores garantías constitucionales será difícil generar confianza suficiente para inversiones de gran escala.
Washington, por su parte, ha considerado insuficientes las medidas anunciadas por La Habana y ha mantenido la presión sobre entidades vinculadas al conglomerado militar Gaesa. Estados Unidos sostiene que el Gobierno cubano continúa priorizando el control político sobre la libertad económica.
Así, la nueva estrategia económica de La Habana enfrenta una contradicción fundamental: necesita capital privado, inversión extranjera y mayor actividad empresarial para enfrentar una crisis profunda, pero al mismo tiempo pretende mantener bajo su control las principales estructuras políticas y económicas del país.
El éxito de las reformas dependerá, en buena medida, de si consiguen generar confianza y estabilidad jurídica. Sin modificaciones institucionales que garanticen los derechos de propiedad y reduzcan la discrecionalidad estatal, la apertura económica podría terminar siendo limitada y reversible.
(Con información de El País)
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