El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas dictó una condena de 15 años de privación de libertad contra un ciudadano del municipio de Amancio, declarado culpable del delito de tráfico de drogas, específicamente marihuana.
El juicio, celebrado de manera pública, correspondió a la causa número 77 del año 2025 y se enmarca dentro del Cuarto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, una iniciativa oficial que busca reforzar la política de “tolerancia cero” hacia el consumo y la venta de sustancias prohibidas.
La detención ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el acusado fue sorprendido en la ciudad portando una suma considerable de dinero en efectivo. Al percatarse de la presencia policial, intentó deshacerse de tres envoltorios que arrojó a unos metros de distancia. Las pruebas periciales confirmaron que contenían picadura de cannabis.
El proceso judicial también incluyó pruebas forenses adicionales: un análisis de orina del acusado que arrojó positivo a marihuana y las denominadas “huellas de olor”, que coincidieron plenamente con las muestras tomadas de los paquetes incautados. Estos elementos cerraron el cerco probatorio que lo señaló como responsable.
Durante la audiencia, la fiscalía recordó que no era la primera vez que este hombre enfrentaba cargos relacionados con drogas. Sus antecedentes penales en hechos similares pesaron de forma determinante en la sentencia final.
La condena incluyó sanciones accesorias: el comiso del dinero ocupado, considerado procedente de la actividad ilícita, así como la prohibición de salir del país durante todo el tiempo que dure la pena.
La información fue difundida por los medios estatales, que presentaron el caso como un ejemplo de la “firmeza” del sistema judicial cubano en el combate contra el narcotráfico. Sin embargo, críticos sostienen que este tipo de juicios, más que reflejar eficacia institucional, forman parte de una estrategia de propaganda del régimen para mostrar resultados en medio de un contexto social y económico deteriorado.