El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión una profunda reforma de la Ley de Hidrocarburos que cambia de manera sustancial el marco legal que ha regido la industria petrolera durante más de dos décadas. La iniciativa reduce el control estatal, flexibiliza el régimen fiscal y elimina la obligación de que la empresa estatal PDVSA mantenga participación mayoritaria en todos los proyectos.
El proyecto marca un giro histórico respecto al modelo instaurado durante el gobierno de Hugo Chávez, que concentró el control del sector en el Estado y obligó a las empresas privadas a operar únicamente mediante compañías mixtas dominadas por PDVSA. Con la nueva normativa, firmas locales y extranjeras podrán explorar, producir y comercializar petróleo con mayor autonomía, incluso sin control accionario estatal.
La reforma se produce tras la salida del poder de Nicolás Maduro y en un contexto de recomposición acelerada de las relaciones con Estados Unidos. El texto fue impulsado por Delcy Rodríguez, quien lidera el nuevo esquema económico del oficialismo con el objetivo declarado de atraer inversión extranjera y reactivar una industria devastada por años de mala gestión, sanciones y falta de capital.
Uno de los cambios más relevantes es que las empresas podrán operar campos petroleros mediante contratos con la estatal sin que esta tenga necesariamente el control accionario. Además, las compañías podrán recibir directamente los ingresos por la venta del crudo, un incentivo clave para atraer capital y tecnología.
Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la iniciativa con un mensaje orientado a los inversionistas. “El petróleo debajo de la tierra no sirve de nada”, afirmó, al subrayar la necesidad de crear condiciones más atractivas para reactivar la producción. En esta primera votación no hubo intervenciones en contra, aunque el proyecto aún debe pasar por una segunda discusión para su aprobación definitiva.
La reforma también introduce un régimen de regalías más flexible. El Ejecutivo podrá reducirlas hasta un 15%, frente al 33% vigente, en proyectos especiales o de alta complejidad técnica. Según los promotores del cambio, esta medida es clave para campos maduros o desarrollos que requieren fuertes inversiones iniciales.
Otro punto central es la incorporación de mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de disputas contractuales. Esta es una demanda histórica de las petroleras extranjeras, especialmente tras las nacionalizaciones y expropiaciones realizadas en los años de mayor control estatal.
Analistas legales han advertido, sin embargo, que la reforma podría entrar en tensión con la Constitución venezolana, que reserva al Estado las actividades primarias del sector petrolero. También señalan que su implementación efectiva requerirá modificar o derogar otras leyes aprobadas durante el ciclo chavista.
En paralelo, Caracas y Washington han comenzado a recomponer vínculos rotos desde 2019. Estados Unidos confirmó el nombramiento de Laura F. Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela y ha avanzado en acuerdos energéticos. El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno mantiene una relación de cooperación con las nuevas autoridades venezolanas en materia energética.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se ha desplomado en la última década. La reforma busca revertir ese deterioro enviando una señal clara a los mercados. Para los inversionistas, el impacto real dependerá de la aprobación final, de la seguridad jurídica y de la capacidad del nuevo marco para reemplazar un sistema que durante años ahuyentó capital y tecnología.
(Con información de AFP y Reuters)
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