El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició procesos judiciales para revocar la ciudadanía estadounidense a diez personas naturalizadas acusadas de haber obtenido ese estatus mediante fraude, ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas durante sus trámites migratorios. Entre los casos figura el del cubano Yoskmaikel Rodríguez Pérez, señalado por un millonario fraude al sistema de salud Medicare.
Rodríguez Pérez, de 45 años y originario de Cuba, obtuvo la residencia permanente en 2004 y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Sin embargo, según la demanda presentada por el Gobierno federal, antes de recibir la ciudadanía habría operado una clínica médica desde donde presentó reclamaciones fraudulentas a Medicare por más de 886.000 dólares.
Las autoridades alegan que el cubano ocultó esa conducta durante el proceso de naturalización y que incluso proporcionó información falsa bajo juramento ante funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Posteriormente, Rodríguez Pérez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en el sector de la salud y fraude electrónico.
El pasado 18 de junio de 2026, Estados Unidos presentó una demanda de desnaturalización en el Distrito Sur de Florida, argumentando que el acusado no cumplía con el requisito de "buen carácter moral" exigido para obtener la ciudadanía y que esta fue conseguida mediante engaños.
El caso del cubano forma parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra personas naturalizadas que, según las autoridades, cometieron delitos graves antes de obtener la ciudadanía y ocultaron información clave en sus solicitudes migratorias.
El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que entre los diez individuos señalados se encuentran abusadores sexuales de menores, estafadores, narcotraficantes y personas involucradas en fraudes migratorios. "Obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante engaños", declaró, al señalar que el Gobierno continuará impulsando acciones para revocar naturalizaciones obtenidas ilegalmente.
Además de Rodríguez Pérez, el Departamento de Justicia presentó demandas contra otros nueve ciudadanos naturalizados:
Ceflo Luviano-Mojica, de México, acusado de ocultar arrestos y condenas previas durante su proceso de naturalización.
Urbano Vázquez Ortega, mexicano condenado por abuso sexual infantil mientras ejercía como sacerdote.
Murtaza Ali, originario de Pakistán, acusado de utilizar identidades falsas para obtener beneficios migratorios.
Jimmy Aguero, peruano condenado por abuso sexual contra una menor.
Antonio Alcantara-Ruiz, mexicano acusado de utilizar una identidad falsa para conseguir documentos migratorios.
Omar Cantú-Montalvo, mexicano condenado por conspiración para distribuir cocaína.
Francisco Montano, mexicano condenado por delitos sexuales contra menores.
Marcin Stanislaw Garbacz, polaco condenado por fraude y delitos sexuales.
Martin Garcia Cardiel, mexicano condenado por abuso sexual agravado de menores.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que una persona naturalizada puede perder la ciudadanía si se demuestra que la obtuvo ilegalmente o mediante fraude, ocultando información importante o realizando declaraciones falsas intencionales.
Las demandas fueron presentadas en varios tribunales federales de Estados Unidos y forman parte de una estrategia del Gobierno para revisar casos de naturalizaciones en las que, según las autoridades, existieron irregularidades o engaños durante el proceso.
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.
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