En medio del caos estructural del transporte cubano, los transportistas privados se han convertido en los verdaderos “salvadores de crisis”. Son ellos quienes, con sus autos, camiones y motocicletas, logran mantener en movimiento a una población atrapada entre la escasez de combustible, las averías y la ineficiencia estatal. Sin embargo, su papel esencial convive con trabas, controles y presiones burocráticas que limitan su desempeño.
En 2024, el Ministerio de Transporte (MITRANS) implementó nuevas modificaciones al reglamento de la Licencia de Operación de Transporte (LOT), documento obligatorio para realizar servicios de pasajeros, carga, alquiler o gestión de transportaciones. La medida buscaba “ordenar” el sector, pero en la práctica ha significado más obstáculos para los trabajadores particulares, que deben navegar un entramado de permisos, pagos y restricciones.
Un año después, el propio ministro Eduardo Rodríguez Dávila reconoció públicamente que la proliferación de transportistas sin licencia es uno de los principales problemas del sector. Según explicó, operar fuera de la LOT “afecta el ordenamiento, fomenta la evasión fiscal y deja a la población expuesta a servicios sin garantías de seguridad”.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta julio de 2025 se habían entregado 6.964 LOT a empresas y 32.436 a personas naturales, además de 73.347 autorizaciones para medios e instalaciones. Sin embargo, el número de choferes que continúan trabajando al margen de la ley sigue siendo alto, impulsado por la falta de combustible y el costo de las licencias, que en muchos casos supera las ganancias reales del oficio.
A la precariedad legal se suma la crisis de abastecimiento, que limita drásticamente la movilidad. Los transportistas denuncian que, sin acceso garantizado a la gasolina o el diésel, mantener una ruta regular resulta casi imposible. Aun así, las autoridades insisten en que “quien no consigue combustible, no puede cumplir su responsabilidad”, una posición que ignora que los medios particulares son los que más pasajeros mueven en el país.
En su reciente comunicado, el MITRANS anunció que en el último trimestre del año impulsará “medidas organizativas” para agilizar trámites y reforzar la legalidad. Pero en la práctica, la digitalización de procesos no resuelve la raíz del problema: un sistema colapsado que depende de la improvisación privada para no detenerse por completo.
Mientras la burocracia se multiplica y el combustible se evapora, la movilidad en Cuba sigue descansando sobre las ruedas de quienes, con o sin licencia, sostienen la vida cotidiana del país. Son los transportistas particulares —a menudo perseguidos y fiscalizados— los que mantienen encendida la chispa del movimiento en una nación que avanza, a duras penas, sobre el motor de la resistencia.
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