Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de participar en una red de matrimonios fraudulentos que cobraba entre 38.000 y 40.000 dólares por enlace para facilitar la obtención de la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como green card.
Según la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, la operación habría funcionado durante más de una década y generado millones de dólares mediante matrimonios simulados entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que buscaban regularizar su situación migratoria.
La presunta organizadora, Jennifer González, de 43 años, habría coordinado entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año. Los fiscales estiman que el negocio produjo más de seis millones de dólares en ganancias.
Junto a González fueron acusados Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill. Los cargos incluyen fraude matrimonial y conspiración para albergar a inmigrantes en situación irregular.
De acuerdo con los documentos judiciales, González habría instruido a los participantes para que presentaran sus matrimonios como relaciones auténticas ante las autoridades migratorias.
Entre las prácticas supuestamente utilizadas figuraban la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de seguros de vida y la realización de fotografías que simularan una relación sentimental real.
La organización también habría establecido pagos mensuales de 500 dólares a los supuestos cónyuges o a personas vinculadas con ellos, con el propósito de mantener la apariencia de un matrimonio legítimo.
Los investigadores señalan que González habría aceptado un anticipo de 3.000 dólares durante una operación documentada mediante grabaciones de audio y video. También habría participado en la preparación de un contrato de préstamo simulado para ocultar la verdadera naturaleza del acuerdo.
La Fiscalía sostiene que parte de las ganancias obtenidas con la actividad ilegal se destinó a comprar negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana.
Además, González habría recibido más de 120.000 dólares en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como food stamps, mientras dirigía la red.
Las autoridades investigan también posibles declaraciones falsas relacionadas con la solicitud de ayudas públicas y la situación matrimonial de algunos implicados.
Los seis acusados afrontan cargos federales que podrían acarrear penas de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por determinados delitos. Las sanciones definitivas dependerán de la evolución del proceso judicial.
La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas actuaciones contra otras personas presuntamente vinculadas con la operación.
Fuente: USCIS
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